La Procuraduría General de la Nación solicitó a las secretarías de Gobierno y de Salud de Barranquilla certificar la información del Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin verificar el cumplimiento de la normatividad en la atención del incendio en la ciudad, que ocurrió en la madrugada de ayer. Lea: Emergencia en la Vía 40 de Barranquilla por incendio en zona industrial
La conflagración, en un tanque de almacenamiento de combustible de la compañía Bravo Petroleum, cobró la vida de un miembro del organismo de rescate mientras atendía la emergencia, por lo que el ente de control solicitó el envío de información sobre los equipos de protección personal, mantenimiento de equipos y certificados de manejo de materiales peligrosos.
La solicitud se realizó a través de cartas enviadas con mensaje de urgencia a las entidades del distrito de Barranquilla y a la misma Unidad Administrativa Especial, a quien también solicitaron documentar si sus miembros tienen máscaras de respiración certificadas, seguros de vida y equipo de respiración con auto contenido.
También deberán responder si disponen de grupos especializados para el manejo de incendios originados por químicos e hidrocarburos, si han llevado a cabo el plan de mantenimiento de equipos, y cuáles han sido las capacitaciones que se les ha impartido en los últimos dos años, al personal que cumple funciones públicas. Lea aquí: ¡Lamentable!: bombero que murió en incendio en Barranquilla salía hoy a vacaciones
Finalmente, cuestionó a los destinatarios de las misivas sobre las medidas que tomarán para la garantizar la seguridad ciudadana frente al impacto generado tras el incendio de un tanque de almacenamiento de combustible de la citada empresa, con sede en el norte de la capital del Atlántico, durante los días que se extienda la conflagración.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Barranquilla busca proteger los derechos a la salud y a un ambiente sano, entre otros, de la población que habita en la zona donde ocurrió la tragedia, sin que ello implique coadministración ni injerencia en las decisiones de los particulares que ejercen funciones públicas.