$ 5.000 MILLONES POR “EL SIOPAS” Y “CHIQUITO MALO” SUPUESTOS RESPONSABLES DEL PARO ARMADO.

La recompensa por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, y Wilmer Antonio Quiroz, alias ‘Siopas’ aumentó esta semana hasta 5.000 millones de pesos , estos facinerosos quienes serían los principales responsables del paro armado que azota el país como retaliación a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Ambos hombres, tras la captura de ‘Otoniel’, fueron designados como sus sucesores. En primer lugar alias ‘Chiquito Malo’ fue desmovilizado del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2004, sin embargo, volvió al radar de las autoridades colombianas y estadounidenses en 2018 y, especialmente, en 2021 luego de tomar el mando tras la baja de alias ‘Marihuano’, por parte del Ejército.

De acuerdo con las investigaciones, las zonas de injerencia de alias ‘Chiquito Malo’, antes de reemplazar a ‘Marihuano’, eran los municipio de Turbo, El Tres y Currulao, en el Urabá antioqueño. A la fecha, Jobanis Ávila tiene circular roja de la Interpol.

Según informes de la Fuerza Pública, ‘Chiquito Malo’ siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en el ‘clan’.

Dentro de la organización, primero fue nombrado como uno de los cabecillas de la subestructura Central Urabá-Turbo, con influencia en zona rural de dicho municipio, donde coordinó acciones contra la Fuerza Pública. Posteriormente, asumió como cabecilla principal de esa subestructura, donde dirige las actividades ilícitas relacionadas con el control del narcotráfico, extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública.

De otra parte, ‘Siopas’ con 41 años y es oriundo de Apartadó (Antioquia). Desertó de las Farc en 2008 y al año siguiente comenzó a trabajar para ‘Otoniel’. Su primer encargo importante fue la comandancia del frente Zuley Guerra, que delinque en la zona costera de Córdoba.

En 2019 pasó al bloque Pacífico, liderando los frentes que actúan en el litoral, desde Chocó hasta Nariño, incluyendo el suroeste antioqueño.

Su militancia se ha distinguido por sus frecuentes ataques a la Fuerza Pública, aprendidos de la doctrina subversiva en sus tiempos de guerrillero. Entre los atentados más brutales está el del 11 de abril de 2018 en San Pedro de Urabá, contra una caravana de vehículos oficiales que hacían tareas de restitución de tierras. Una bomba explotó a su paso y mató a ocho policías.