PESE A IMPRECISIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES ES UN HECHO QUE EL VIADUCTO CIENEGA-BARRANQUILLA ESTA ADJUDICADO.

En su objetivo por transformar la infraestructura carretera y beneficiar a todas las regiones, el pasado 23 de marzo el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) adjudicó el contrato de obra para la construcción de 3 viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla, en el que el Gobierno nacional invertirá un total de $700.000 millones. Estos recursos, que se encuentran totalmente garantizados, mejorarán no solo la calidad de vida de los transportadores al ofrecer un corredor sostenible que soluciona problemas históricos de movilidad, además abrirán un nuevo camino que impulsa el desarrollo de toda la población del Magdalena.

Debido a la importancia, beneficios e impactos positivos en múltiples áreas que generará este proyecto, sorprende que el señor gobernador Carlos Caicedo desinforme a la opinión pública al calificar esta adjudicación como ligera.

En febrero de 2020, el gobernador participó en una amplia mesa de trabajo en la que el Gobierno nacional indicó el apoyo con las obras de protección marginal de vía a través del enrocado multicapas y la construcción de los viaductos con el fin de que en la estructuración de la asociación público privada para la segunda calzada se diera el cierre financiero.

El 30 de diciembre de 2021, por otra parte, su Gobernación del Magdalena firmó con el INVÍAS el Convenio 2251 para poder realizar las intervenciones necesarias en la transversal del Caribe y dar así inicio formal a la licitación de los viaductos con recursos del Instituto.

Como se puede observar, el mismo Gobernador y su equipo han participado y estado al tanto de todo el proceso; difícilmente se puede afirmar que este haya sido “a espaldas del departamento y comunidad”. En múltiples escenarios públicos, como Gobierno nacional hemos dado a conocer esta gran inversión y a
la luz pública actuamos de manera transparente informando la consecución de recursos, la apertura de licitación, el cierre de ofertas y recientemente la adjudicación, todo siempre en proceso de selección pública y abierto para los interesados.

Respecto a las preocupaciones ambientales que plantea el gobernador, valga hacer varias aclaraciones. El primero es que los viaductos son las estructuras menos invasivas; una de sus ventajas es, precisamente, que permiten el intercambio natural de las aguas y su equilibrio.

En segunda instancia, valga mencionar que el Instituto llevó a cabo estudios y diseños que incluyeron el estudio de impacto ambiental, según los trazados aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Estos contaron con una inversión por $7.800 millones y serán ampliamente socializados.

En esta etapa se contó con la participación de múltiples actores como la Secretaría de Infraestructura y las autoridades ambientales de la Gobernación, la oficina de Gestión del Riesgo, las comunidades de Sitionuevo, Tasajera, Puebloviejo, Palermo y Ciénaga, así como pescadores y el concesionario actual,
con el objetivo de detallar, entre otros asuntos, la necesidad del empalme de los viaductos con dicha vía.

Lo tercero a aclarar es que la licencia ambiental del proyecto, como se hace generalmente en las obras de infraestructura, es una obligación que se le asigna al contratista adjudicatario, de tal manera que se desarrollen todos los procesos de manera eficiente y se garantice la sostenibilidad ambiental. Esta no es la excepción.

Aprovechamos para aclarar otro punto sobre el proyecto para terminar la doble calzada entre Barranquilla y Santa Marta. Este se encuentra dividido en dos partes. Los casi 10 km de longitud que suman los 3 viaductos adjudicados recientemente son financiados por el Gobierno del presidente Iván Duque
Márquez y ejecutados por medio del INVÍAS. Lo pactamos, prometimos y así lo haremos. Por otra parte, el tramo de dicha doble calzada entre el nuevo puente Pumarejo y Ciénaga está a cargo de la Gobernación y no ha sido adjudicado.

Hacemos un llamado respetuoso para que las obras de infraestructura que generan desarrollo en las regiones queden por fuera de discursos populistas que desinforman. La opinión pública puede tener la seguridad de que el Instituto siempre ha actuado y actuará apegado a todas las normativas y pensando en el interés general de las comunidades.

Proponemos a la administración local realizar una mesa de trabajo para despejar las dudas que se tengan sobre el proceso y para que no se vicie un contrato del que se está iniciando su ejecución, que brindará más de 3.800 empleos para los habitantes y que cuenta con inversiones históricas para la región.