NUEVAS ESTRATEGIAS DE EE.UU. EN LA LUCHA ANTIDROGAS EN COLOMBIA.

La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, ONDCP, explicó que se manejará una nueva estrategia de lucha contra las drogas en Colombia, cuyos objetivos serán la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medio ambiente.

Los detalles de la iniciativa fue anunciada por Estados Unidos en un comunicado, y según explica la estrategia es producto de un grupo de trabajo conjunto para luchar contra los estupefacientes.

La iniciativa con respecto a la seguridad y desarrollo del medio rural, buscará promoverlos con la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno colombiano alcanzó en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, además de invertir en estas zonas y facilitar el acceso a la justicia

Según esta nueva estrategia que busca reducir la oferta, EE.UU. quiere que los esfuerzos contra el lavado de dinero y para erradicar las drogas, prohibirlas, reducir su demanda y destruir los laboratorios de procesamiento estén vinculados con las acciones para llevar a los narcotraficantes ante la justicia.

.Indicó la ONDCP, que la medida incluye proteger a los líderes comunitarios que promuevan la aplicación de la ley, reducir la dependencia de los cultivos de coca, ampliar la regulación de los títulos de propiedad de las tierras y modificar la forma en que EE.UU. y Colombia miden sus progresos en esta materia.

También advierte el documento que Washington ayudará a Bogotá en sus esfuerzos para vigilar y combatir los delitos ambientales cometidos por los grupos narcotraficantes.

Ambos países apostarán en este punto, por la restauración de los bosques tropicales y la eliminación tanto de las zonas sembradas con cultivos de coca como de los refugios para los laboratorios, entre otros.

No obstante se evidencia que el comunicado de la ONDCP no menciona la medida que quiere retomar Colombia como es la erradicación forzosa de cultivos ilícitos por aspersión aérea de glifosato, que está suspendida en el país desde 2015 por una orden de la Corte Constitucional, después de reconocer las consecuencias adversas para la salud de esta práctica.