Por probables alteraciones en un contrato para la adquisición de sillas especiales, la Procuraduría abrió investigación contra tres funcionarios de la Aeronáutica Civil que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el proceso contractual. Para el Ministerio Público, este exagerado valor podría exceder el precio de los mobiliarios en el mercado. Según la Procuraduría, este contrato para la compra de 23 sillas ergonómicas tuvo un valor inicial del $300.000.000. Empero, el contrato fue prorrogado, adicionando un monto de $143.327.646 para la adquisición de 11 sillas de más, lo que se traduce en un precio por unidad aproximado de $13 millones. Con estas pruebas añadidas a la actuación disciplinaria, la Procuraduría pudo establecer que la Dirección Regional Centro Sur de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil llevó a cabo este proceso de contratación de mínima cuantía con el fin de adquirir sillas ergonómicas para los controladores de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Este proceso se realizó en respuesta a las recomendaciones proporcionadas por un equipo técnico previamente constituido. “De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, este valor, presuntamente podría exceder el precio de los mobiliarios en el mercado”, aseguraron desde la entidad. Es por esto que el Ministerio Público anunció la apertura de la investigación contra los funcionarios Esther Josefina Vargas García, coordinadora administrativa y financiera; Laura María Cantillo Guzmán, supervisor y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, director Regional Centro Sur, ordenadores del gasto que habrían incurrido en presuntos sobrecostos en la adquisición de los mobiliarios.
