ICBF se pronuncia tras escándalo por exigencia de votos que salpica a concejal
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Dra, Astrid Cáceres Cárdenas, fue enfática al afirmar que el constreñimiento electoral no es aceptado y advirtió nuevamente que ningún contratista tiene que ver coaccionado su trabajo a cambio de la búsqueda de votos. Además, señaló que los servidores y colaboradores de la entidad tienen prohibido usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral, ni autorizar la utilización de inmuebles o muebles de carácter público para actividades proselitistas.
De igual forma, Astrid Cáceres reiteró que los colaboradores y servidores del ICBF tienen prohibido acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Incurrir en alguna de las prohibiciones, además de ser constitutivo de infracción disciplinaria gravísima, puede llegar también a configurar una infracción penal.
De otra parte, la funcionaria hizo un llamado a la comunidad para que no se deje engañar, ya que está prohibido ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido a los ciudadanos, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto. Finalmente, la directora general del ICBF invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 018000 918080 opción 4 o al correo electrónico Anticorrupcion@icbf.gov.co
Cabe recordar que las aseveraciones de la directora del ICBF se dan en medio de un escándalo en Cartagena, dado a conocer por el alcalde William Dau Chamat, luego de que se habilitara la línea de WhatsApp para que la ciudadanía denuncie presuntos delitos electorales. Williams Dau Chamat acusó a Luis Cassiani, concejal de Cambio Radical, de presionar a los trabajadores de los 47 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que hay en la ciudad para que rayaran 30 votos por cabeza en su número en el tarjetón. Con esto el cabildante incurriría en constreñimiento al sufragante.