Los habitantes de la vereda Bocas del Manso fueron víctimas de intimidación y violencia por parte de miembros del Ejército. Tras el lamentable hecho que se registró en ese lugar, ubicado en jurisdicción del municipio de Tierralta, Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó las acciones de intimidación y violencia contra estos miembros de la comunidad, que serían atribuidas a integrantes de la fuerza pública.
“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta y en particular con el actuar de los soldados del Batallón de Infantería N. 33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada, quienes estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, según lo advierte el Comando de la Séptima División del Ejército”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Camargo catalogó de grave la situación, ya que, no solo se registraron amenazas e intimidaciones sino también un hecho de abuso sexual contra una mujer indígena. “Las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, recalcó.
Insistió en que estas agresiones contra comunidades vulnerables, además de ir en contravía del derecho internacional humanitario (DIH), socavan la confianza que las comunidades depositan en la fuerza pública, particularmente en una zona con presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC — Clan del Golfo).
“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan. Reiteramos que nuestros canales de atención permanecen 24/7 a disposición de las comunidades, con el único objetivo de protegerlas”, puntualizó Camargo Assis.
Un equipo de la Regional Sur de Córdoba de la Defensoría del Pueblo participará en un consejo de seguridad en Montería para reiterar el llamado a garantizar los derechos humanos de la comunidad afectada.