Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, el Congreso peruano lo declaró este viernes persona no grata en ese país por varias declaraciones que han sido entendidas como una injerencia directa en los asuntos internos del vecino país. Entre ellas, por ejemplo, que los policías peruanos parecen nazis cuando hacen su labor de control del orden público durante las protestas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este domingo sobre la reciente decisión del Legislativo del país vecino contra el presidente de Colombia.
Pero no solo se pronunció el Legislativo peruano. Este domingo, la presidenta de esa nación, Dina Boluarte, le pidió a Petro que “se dedique a gobernar Colombia. Según la mandataria, las calles de Colombia “también se están llenando de protestas”. Por eso, le reclamó a Petro: “Que nos deje a nosotros los peruanos resolver los nuestros [problemas]”.
Entre las declaraciones más ácidas contra el mandatario colombiano están la de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, que le dijo: Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar al terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país”.
Pero más allá de las encendidas declaraciones de Fujimori que, si bien es una ciudadana más, reconocida por su trayectoria política, o las de la misma presidenta Boluarte, que llegó al poder después del arresto del presidente de Perú Pedro Castillo (lo cual desató la crisis en la que está Perú), está le decisión del Congreso peruano, elegido, como ocurre en todas las democracias representativas, por el pueblo en elecciones libres.
En otras palabras, como pasa en Colombia, el Congreso de Perú es una representación directa del pueblo que eligió a sus representantes para que lo integren, debatan y decidan por sus electores. En el caso de Colombia, el pueblo está representado en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Por eso, llama la atención la postura de la Cancillería colombiana, que este domingo respondió a la decisión del congreso peruano de declarar persona no grata a Petro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que “toma nota de la moción del Congreso de la República del Perú”, pero, a renglón seguido, advierte que “interpreta que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación”.
Es decir que para la Cancillería colombiana no existe ninguna relación entre el pueblo peruano y el congreso que eligió. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano no reconoce la representatividad que les otorgaron los electores a los legisladores en Perú. De la institución “toma nota”, pero desdeña su carácter de representación del pueblo.
Por eso, sigue adelante reiterando su “confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura”. Para eso, la Cancillería colombiana invoca “el diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente lo mandado por la Convención Americana de 1969, Pacto de San José, de la cual ambos países hacen parte”.
En otro de los apartes de su respuesta, la Cancillería dice que “confía en que, en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes”.
Finalmente, la Cancillería dice que “aprovecha la ocasión”, junto con todo el Gobierno colombiano, “para deplorar los recientes hechos de violencia ocurridos en el Perú, que han afectado la integridad de sus ciudadanos tanto civiles como integrantes de la fuerza pública y expresa su solidaridad a su pueblo y sus condolencias a los familiares de los fallecidos”