Solo falta el aval del presidente Iván Duque para que sea realidad la llegada de las víctimas del conflicto armado al Congreso de la República a partir de la próxima legislatura, el 20 de julio del 2022, y hasta el 2030.
Una participación transitoria por dos periodos. Son 16 curules creadas por el Acuerdo de paz con las Farc, para que voceros de quienes han sufrido el rigor de la guerra lleguen a la Cámara de Representantes. El pasado lunes la Presidencia del Senado, acogiendo los mandatos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, envió el proyecto a la Casa de Nariño para que el Jefe de Estado promulgue la ley.
Está previsto que líderes de comunidades que han sufrido de manera directa el conflicto armado lleguen al Legislativo y tengan voz a la hora de discutir acerca del futuro del país. De hecho, deberán provenir de los 170 municipios en los que funcionan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET. Además, los puestos de votación de estas curules estarán solo en las zonas rurales de esas 16 subregiones en las que se encuentran esos municipios que más han sufrido durante la guerra.
En algunos sectores hay temor de que puedan llegar al Congreso personas que no representen de manera directa a la víctimas, y que correspondan a grupos ideológicos afectos a las desmovilizadas Farc. Tampoco pueden ser personas cercanas a las viejas organizaciones paramilitares. Eso es algo que debe evitarse, sin duda, ya que los miembros de la exguerrilla cuentan ya con representación política por medio del partido Comunes, y tampoco podemos revivir el capítulo de la parapolítica.
De ninguna manera puede permitirse que los partidos políticos tradicionales usen atajos para tratar de apoderarse de esas curules. Lo que se tiene que asegurar es que sean voceros auténticos de las víctimas del conflicto las que ocupen esos escaños. Ningún victimario, ni vocero de victimario, puede apoderarse de ese espacio democrático.
Hay que tomar en cuenta que a estas elecciones solo pueden presentarse quienes hayan sido acreditados como víctimas, con un reconocimiento oficial de la Unidad de Víctimas.
Se suma que deben haber nacido en el lugar y llevar al menos tres años viviendo allí o ser un desplazado comprobado de la zona y estar en proceso de retorno. Hay que evitar que aparezcan candidatos de la nada que no tengan arraigo en la región a la que pretenden representar. Adicionalmente, no será posible la aspiración unipersonal, sino que tendrán que presentarse listas avaladas por organizaciones claramente reconocidas. Un punto interesante es que estas listas tendrán paridad de género.
La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral tienen el importante reto de garantizar que toda la logística se aplique de manera correcta en estas regiones. Será una jornada en fecha diferente al 13 de marzo del próximo año, en la que no puede haber manipulaciones. La transparencia y confiabilidad que se evidencie en estos ejercicios será determinante para que las voces de las víctimas en el Congreso sean respetadas, y para que el resultado de este proceso sea el fortalecimiento de nuestra democracia.