El Juzgado Promiscuo de Puerto Libertador dio un mes de plazo al alcalde de la localidad, Eder Soto Cuadrado, para que haga las adecuaciones correspondientes que permitan el acceso a los discapacitados a la casa donde funciona Familias de Acción, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Oficina de Juventudes. En el segundo piso funcionan las sedes de Familias en Acción, Oficina de Juventudes, Inspección de Policía y Comisaría de Familia.
La juez Marcela Kerguelén García falló una tutela interpuesta por el menor Juan Guillermo Romero Corena, quien pide garantías a sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción y el acceso a la administración de justicia.
“La administración debe remover o adecuar las barreras físicas (escaleras) existentes en las oficinas o adoptar soluciones que resulten más adecuadas dentro de su obligación de brindar accesibilidad a las personas con discapacidad al espacio físico de uso público, con el objeto de garantizar la libre locomoción del accionante y, en general, de las personas que requieren transitar libremente para acceder a las dependencias de las entidades mencionadas, sin desmejorar las condiciones habitacionales de los empleados de éstas”, señala el fallo.
El menor que impetró la tutela sufre de múltiples enfermedades como mielomeningoceles con secuelas, paraplejía en miembros inferiores, hidrocefalia, luxación de caderas, infecciones de vías urinarias osteomielitis recurrentes, lo que ha obligado a ser intervenido quirúrgicamente en 41 oportunidades.
Hizo la solicitud aduciendo que dichas oficinas están en un segundo piso, sin que tengan un libre acceso para las personas con discapacidad, pues no tiene rampas, ni ascensores que garanticen que personas como él puedan acceder a los servicios que allí se prestan.
Finalmente, se estableció que la administración municipal paga un valor de seis millones de pesos mensuales por el arriendo de la casa donde funcionan las señaladas dependencias.