Durante el evento donde la Unidad para las Víctimas entregó unas indemnizaciones a campesinos de esa población. Recordaron a las autoridades los acuerdos con el corregimiento.
Los integrantes del Comité de Impulso de El Salado aprovecharon el evento que organizó la Unidad para las Víctimas en ese corregimiento de El Carmen de Bolívar, Montes de María, para decir que nuevamente están siendo amenazados por agresores desconocidos.
Como se había anunciado, la Unidad pagó las indemnizaciones judiciales ordenadas a víctimas incluidas en la sentencia de Justicia y Paz, proferida contra el postulado Salvatore Mancuso, atendidos con recursos del presupuesto de la nación.
Durante esa actividad, un grupo de gestores sociales, quienes pidieron las reservas de sus nombres, informaron a la prensa que, a pesar de las capturas que se dieron en días pasados de unas personas acusadas de ser las autoras de panfletos amenazantes, las agresiones han continuado.
“Desde hace dos meses –dijeron– estamos recibiendo mensajes de textos y papeles donde nos tratan de sapos y nos exhortan a que abandonemos el territorio. Sospechamos que se trata de personas interesadas en que no se realicen las obras de infraestructura y demás beneficios por los que hemos venido luchando como víctimas que somos del conflicto armado”.
Precisamente, después de las intervenciones de los funcionarios locales y nacionales, los del comité participaron para recordar a las entidades los acuerdos donde las instituciones se comprometieron a revisar el Plan de Reparación Colectiva en El Salado y demás acciones que están por materializar.
Algunas de esas son el alcantarillado, el acueducto, el arreglo de las vías, salud, educación, agricultura, vías terciarias, políticas de género, el nombramiento del corregidor de Policía, las nuevas instalaciones de la estación policial y el distrito de riegue para los agricultores que necesitan tener agua en sus predios, con la cual contrarrestar las fuertes sequías.
“Al respecto –aseguraron–, ya quedaron establecidos dos pozos subterráneos, que ejecutará el Ejército Nacional, al igual que las vías terciarias y las internas del centro poblado, pero la lista de compromisos es mucho más grande”.
Entre los demás compromisos está la priorización del resto de víctimas de El Salado que faltan por indemnizar, “porque entre la cantidad de personas que asistieron al evento, solo hay ocho oriundos de El Salado. Los demás pertenecen a otras poblaciones de Montes de María, lo cual tiene molestos a los salaeros, porque nos están atacando en las redes sociales con que supuestamente somos unos mantenidos, cuando en realidad el pueblo no ha sido totalmente indemnizado”.
El alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Torres Cohen, se refirió a que su despacho está trabajando por salvaguardar la seguridad en El Salado, siendo prueba de ello la captura de tres personas comprometidas con la elaboración de los panfletos.
“Pero me preocupa –expresó– que ahora amenazaron al médico y a la enfermera, lo cual apunta a que los mensajes salen del mismo pueblo. Eso no puede seguir pasando, porque el corregimiento se está desamparando en materia de salud. A mí también trataron de amedrentarme, pero sigo colaborando con las autoridades para llegar hasta el fondo de los hechos”.
Explicó que se descubrió que las personas capturadas tenían problemas de convivencia y trataron de que el Estado mirara hacia El Salado con dichos panfletos, “cosa que no veo necesaria, porque la Alcaldía está trabajando junto con la Presidencia de la República para sacar el pueblo adelante. En junio del año pasado logramos tres capturas por las amenazas a la líder Yirley Velasco. Hace un mes se capturó a la hermana de ella, junto con alias ‘el 38’, pero las investigaciones siguen”.
Aseguró que ya se está trabajando en las vías terciarias, “y pronto se hará el acueducto veredal, se pavimentará el pueblo, se intervendrán el arroyo principal, y unos parques, estamos trabajando en proyectos productivos para la comercialización de la agricultura. Ahora lo que falta es que la gente se perdone mutuamente”.
Ramón Rodríguez Andrade, Director General de la Unidad para las Víctimas, dijo que el evento se venía preparando desde el Fondo de Reparación para las Víctimas, tras una sentencia judicial y con los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Luego se organizó con la comunidad el encuentro con 106 personas e igual número de indemnizaciones, que suman $1.895 millones para las víctimas reconocidas por el postulado de Justicia y Paz.
“Todavía –advirtió– hay muchas víctimas esperando su indemnización, pero algunas no son por vía judicial sino administrativa. En ese proceso seguiremos dándole cumplimiento a la Resolución 1049. Además, ya la edad máxima no es de 74 años sino de 68. Es decir, ya cumplimos con el primer grupo poblacional de mayores y empezaremos con el segundo, para proseguir con los discapacitados y los enfermos terminales”.
Anotó que a estas personas, después de recibir el dinero, se les da una asesoría para que orienten adecuadamente los recursos, en cuanto a proyectos e inversión.
Según él no es tan fácil monetizar los inmuebles que dejan los victimarios, “ya que algunos tienen muchos problemas. Ahora estamos haciendo trámites para agilizar esos procesos, debido a que son más de 1.695 bienes urbanos y rurales, no solo de Salvatore Mancuso sino de todos los postulados de justicia y paz”.
En cuanto a los problemas que presentan estos bienes, explicó que a veces sufren de ocupación de terceros, carecen de escrituras, no tienen límites definidos, necesitan de un historial para conocer su procedencia: cuáles notarías recorrió, a quién se los quitaron, cómo los consiguieron, etc. También hay que adecuarlos, porque muchas veces los entregan deteriorados; y deben tenerse listos para arrendar, si no tienen extinción de dominio; o venderlos cuando ya se tenga la extinción de dominio”.