Se espera que 600 miembros de la comunidad Embera Katío arriben a la capital cordobesa en las próximas horas.
La protesta en la que los indígenas Embera Katío reclaman protección, aduciendo que sus territorios han sido utilizados por las Fuerzas Militares para operaciones contra grupos ilegales, podría convertirse en una ‘bomba de tiempo’, en medio de la difícil situación que enfrenta la ciudad por la rápida propagación del COVID-19.
Así lo indicó el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, quien sostuvo que hay más de 500 en el parque Simón Bolívar de Montería y que se anuncia para las próximas horas, la llegada de 600 más, quienes están viajando desde Tierralta, lo cual se puede convertir en un foco de contagio que afecte la criticidad de la capital.
Pidió a las autoridades correspondientes, atender las demandas de la población indígena que proceden de Tierralta, municipio del alto Sinú, pues se vive en un momento crítico y las aglomeraciones podrían generar graves problemas de salud y aumentar el contagio por coronavirus.
El mandatario agregó que lo que corresponde a las autoridades en el marco del Comité de Justicia Transicional es determinar el motivo de la movilización de los indígenas para tomar, en la medida de las competencias de sus miembros, cartas en el asunto, para resolverlo lo más pronto posible y que la población pueda retornar a sus lugares de origen.
“Requerimos el compromiso real y efectivo de todos los actores y autoridades del caso, pues el equilibrio en materia de salud que hemos logrado con el sacrificio de todos en la ciudad, se puede afectar cualquier situación en la que la bioseguridad esté comprometida”, manifestó .
Ordosgoitia se refirió a la cantidad de niños que han traído hasta la ciudad, así como un grueso número de adultos mayores, quienes permanecen en el parque, sin las condiciones mínimas sanitarias para estar en ese lugar, lo que podría agravar la situación en la capital de Córdoba.
Las razones
Los indígenas indicaron que seguirán reclamando al gobierno las obras sociales que ellos necesitan en sus territorios, especialmente en los lugares en los que se están adelantando procesos de explotación mineral.
También señalaron que han sido víctima de desplazamiento por los enfrentamientos entre el Ejército y las bandas criminales que operan en la zona y han solicitado que sean excluidos del conflicto.
Confirmaron además que vendrán a reforzar el asentamiento indígena, que tienen ubicado al norte de Montería, justo al lado de la sede de Urrá. SA, reiterando que seguirán exigiendo que amplíen el plazo de indemnización pactada a 20 años, el cual llegó a su fin, y la pavimentación de la vía al corregimiento Crucito, en el alto Sinú.