El Juzgado 11 Municipal definió que la concejala Gloria Estrada, Martín Barreto y Avelino Villamizar queden en libertad para afrontar la investigación por presunto porte y tráfico de estupefacientes, tras ser capturados el pasado 14 de enero en una camioneta en la que supuestamente se transportaba un kilo de cocaína.
El pasado lunes, la defensa de los procesados mostró una serie de evidencias que demostrarían que fueron víctimas de un complot criminal orquestado por políticos y ejecutado por policías. Enrique del Río, abogado de Estrada, le entregó el paquete probatorio al juez Guido Guevara Herrera, con el que pretende comprobar que hubo presuntas irregularidades por parte de las autoridades al momento de la captura.
Además, y lo que fue lo más polémico de la audiencia, presentó varios testimonios y un audio en el que se sindica como conspiradores de la trama al concejal Luis Cassiani; al edil de la Localidad 2, Pedro Aponte; a Andy Reales, alcalde de la misma localidad; oficiales de la Policía.
En la versión de los hechos de la defensa se sostuvo que a los policías responsables del operativo les pagaron 15 millones de pesos por cabeza y que la presunta oferta de los políticos a los oficiales, en una reunión en la casa de Luis Cassiani, rondó los 40 millones de pesos para que se encargaran de colocar la droga en la camioneta de Martín Barreto, y así cobrar venganza en una guerra política.
Con los testimonios, las supuestas irregularidades y la destitución de Alexander Salas, expatrullero de la Policía que habría sido clave en el plan criminal, los abogados de los tres procesados apelaron a la presunción de inocencia y solicitaron que se le revoquen las medidas de aseguramiento.
Angélica Barrios, defensora de Avelino Villamizar, se suscribió a todo lo evidenciado por su colega e instó al juzgado a fallar bajo la luz de la presunción de inocencia y subrayó la frustración que deja la presunta actuación de los agentes policiales, representantes de una entidad que debe dar confianza al ciudadano.
El delegado de la Fiscalía, Angel Mattos, indicó que no tiene reparos a la solicitud de la defensa ante el material probatorio que aportaron. No obstante, agregó que más allá del presunto complot y lo relacionado a la droga, Martín Barreto portaba el día de los hechos una pistola con salvoconducto, pero que bajo la legalidad colombiana está prohibida para su uso en las calles.
El fiscal expuso que las pruebas presentadas por el abogado Enrique del Río fortalecen la duda sobre el operativo de la Policía y es suficiente como para respaldar la petición de libertad. “Bajo el ordenamiento penal y al tratarse del derecho fundamental de la libertad, los investigados podrán afrontar el proceso sin detención, debido a las denuncias de un presunto plan criminal. En ese orden de ideas, con esas pruebas se derrumba la tesis que hoy tiene a los imputados detenidos.
De otra parte, Diana María Giraldo, delegada de la Procuraduría, indicó ciertas dudas a las evidencias presentadas por la defensa. “Tras escuchar los hechos y analizar el material probatorio de un presunto falso positivo en contra de los imputados, coincido con la corta intervención del fiscal que hay elementos para inferir que hubo irregularidades en el operativo, como retaliación política. Por consiguiente, puedo indicar que las evidencias recopiladas por la defensa se hicieron bajo la legalidad”.
Y añadió: “Sin embargo, subrayo que ciertos testigos, como el trabajador de la estación de gasolina, no estuvieron en ciertos momentos sensibles del operativo. Además, es cuestionable que la defensa no haya presentado los testimonios de allegados y escoltas de Estrada, con conocimiento privilegiado, en anteriores audiencias, donde no se presentaron las hipótesis con las que los abogados piden la inocencia de sus clientes”.
Por otro lado, precisó que las evidencias de la corrupción policial y el actuar de los políticos son elementos que deberán ser investigados por parte de las autoridades competentes.
Diana María Giraldo, además, sentó su postura con respecto a los testigos de la defensa, pues, a su parecer, su cercanía con Gloria Estrada y Martín Barreto puede propiciar una eventual alteración o manipulación de los testimonios.
La delegada resaltó que ciertos comportamientos, evidenciados en los vídeos, de los procesados y sus acompañantes pasándose joyas y bolsos, representa contaminación de la escena.
La decisión del juez
El juez Guido Guevara reanudó la audiencia para dar a conocer su decisión con la presencia de todos los sujetos procesales del caso. “En aras de dinamizar, lo primero es analizar la decisión del juez que definió la detención domiciliaria antes de observar el material probatorio que aportó la defensa, para así definir si es congruente dejar en libertad a los procesados”.
El juez hizo un recuento de todos los elementos recaudados desde la captura y de los hechos que explicarían el porqué los tres investigados fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Especialmente el reporte policial del patrullero Alexander Salas sobre el momento del retén, de forma imparcial a su presunto rol conspirador, haciendo hincapié en que el agente insinuó que le intentaron sobornar.
El juez recalcó que no era el escenario ni pretendió juzgar a su colega, sino analizar las evidencias y el material probatorio (el arma de Martín Barreto, el dinero y la droga) que permitieron inferir la autoría criminal. Dichos elementos explicarían la anterior decisión.
Posteriormente, el togado se refirió a todas las evidencias aportadas por la defensa que desbaratarían la causa y comprobaría la inocencia de sus clientes. Especialmente subrayó lo dicho por varios testigos sobre la fijación de los policías en Gloria estrada, lo que explicaría el no haber aprehendido a Braulio Vanegas.
“Tras analizar los testimonios, sin importar que sean de allegados a Estrada, resulta sospechoso, y va en contra de la razón y los presupuestos legales el modus operandi de los policías enfocándose solamente en la camioneta de Martín Barreto. ¿Por qué no se capturó a Braulio Vanegas si estaba sentado en la parte de atrás del piloto? ¿Por qué no le hizo anotaciones a los acompañantes del otro carro? Esto permite concluir que hay veracidad en lo presentado por la defensa”, puntualizó el juez, quien constató la unanimidad de los testigos al describir la actitud grosera e inconveniente del patrullero Alexander Salas.
El togado indicó que hay credibilidad y congruencia en los testimonios y evidencias, en contraste con las falencias policiales. “Es lamentable que se pueda permear una institución como la Policía. Cuando escuché los testimonios en contra de los agentes de Policía sentí decepción”, acotó el juez, quien concluyó que no tiene ningún elemento para desvirtuar la tesis de la defensa.
Por consiguiente, y tras revisar la jurisprudencia relacionada con este tipo de casos, declaró que no hay inferencia de autoría de los tres imputados, por lo que decidió dejarlos en libertad.