Desde la casa blanca, anunciaron este miércoles la reimposición de sanciones contra la industria de gas y petróleo de Venezuela que se habían suspendido desde octubre del año pasado para facilitar el acuerdo alcanzado en Barbados entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Según EE. UU., se llegó a esa decisión luego de constatar el incumplimiento de Maduro con los acuerdos, en particular la decisión de impedir la inscripción de la candidatura de María Corina Machado y otros para las próximas elecciones presidenciales. Como se recuerda, en octubre pasado, y tras la firma de los acuerdos, Washington expidió una Licencia (la G.L 44) para suspender por 6 meses las sanciones contra la estatal PDVSA, que le permitió volver al mercado internacional de hidrocarburos tras varios años de castigo decretado por el presidente Donald Trump. Esa licencia, que expiraba ayer jueves 18 de abril no fue renovada y por tanto volverán a entrar en vigor el grueso de las sanciones. El mantenimiento del alivio de esta sanción dependía del compromiso de Maduro de respetar el Acuerdo de Barbado. Aclararon, que otras licencias anteriores, como la que le permite a la petrolera estadounidense Chevron hacer negocios de explotación de hidrocarburos en el país, permanecerán vigentes. “Desde que se emitió la GL 44 hemos sido coherentes en nuestros mensajes públicos y privados en el sentido de que el mantenimiento del alivio de esta sanción en el sector del petróleo y el gas de Venezuela dependía del compromiso de Maduro de respetar el Acuerdo de Barbados… A lo largo de los últimos meses y semanas, hemos completado una revisión muy cuidadosa y hemos determinado que, aunque las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave, también se han quedado cortos en varias áreas…y no cumplieron con uno de los compromisos más críticos que era respetar el derecho de todos los candidatos a postularse”, dijo un alto funcionario estadounidense durante una teleconferencia convocada para explicar la decisión y a la que asistió este diario. Según el funcionario, la inhabilitación de Machado y luego de Corina Yoris, su sucesora designada, generaron especial preocupación e influyeron en la determinación final. Adicionalmente, EE. UU. citó un patrón continuado de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil que también constituyen un rompimiento del acuerdo inicial. Destacaron, eso sí, algunos pasos positivos -pero insuficientes- dados por el régimen, como iniciar la actualización del registro electoral, un proceso para permitir la observación electoral internacional y el establecimiento de un cronograma electoral. Otro de los funcionarios que participó en la llamada fue aún más enfático en las flagrantes violaciones del acuerdo cometidas por Maduro pero no sin antes asegurar que el fin de la licencia GL 44 no debía ser vista como una “decisión final” de EE. UU. sobre su esperanza de que las elecciones en Venezuela puedan realizarse de una manera libre y transparente. “Nuestra acción sobre GL 44 no debe ser vista como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas. Seguiremos colaborando con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional, para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por garantizar un futuro mejor para Venezuela. El Acuerdo de Barbados sigue representando el mejor camino disponible para una Venezuela más democrática, segura y próspera, si se aplica plenamente”, dijo este funcionario. El Acuerdo de Barbados sigue representando el mejor camino disponible para una Venezuela más democrática, segura y próspera, si se aplica plenamente. En ese mismo punto, los funcionarios catalogaron de “positivo” el hecho de que Colombia y la Unión Europea hayan sido invitados como veedores del proceso electoral. En la teleconferencia, se le preguntó varias veces a los funcionarios sobre el impacto que podría tener el regreso de las sanciones a Venezuela en el costo de la gasolina y el flujo de migrantes hacia EE. UU. Dos temas de alto impacto en este país, sobre todo en el actual contexto de la campaña electoral donde los republicanos atacan constantemente a los demócratas por la crisis fronteriza con la llegada de un número récord de personas y los altos precios del combustible que contribuyen a la inflación. Si bien los funcionarios no se refirieron a un posible aumento del precio del crudo una vez se cierre el grifo del petróleo venezolano, sí reiteraron que el problema de la migración de venezolanos era uno que afectaba a muchos países de la región y seguía siendo una “prioridad” para la administración Biden. La decisión de reimponer sanciones, en todo caso, es visto como el fin de un experimento ideado por asesores del presidente estadounidense cuyo objetivo era utilizar las sanciones -o su levantamiento- para obtener concesiones de Maduro que llevaran al retorno de la democracia en el país vecino a través de un proceso electoral transparente. Esto luego de cuatro años de la política de presión máxima que ensayó la administración de Donald Trump y que tampoco condujo a la caída del régimen o elecciones libres. Así mismo, con ello se pretendía buscarle solución a dos problemas que impactaban domésticamente en EE. UU.: los altos precios del petróleo como consecuencia del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y la creciente migración de venezolanos hacia la frontera sur. Pero desde el comienzo, conocedores del tema y voces críticas en el Congreso habían advertido que el plan estaba destinado a fracasar pues Maduro nunca permitiría un proceso electoral transparente si este conducía a su salida del poder.
