El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra evaluando una importante decisión que podría poner un alto a los costosos viajes de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, y su comitiva, que han sido financiados con fondos públicos. Según información, el cuerpo judicial ha sido solicitado por el Ministerio Público para considerar toda una argumentación legal que desmeritaría las asignaciones de funciones y viáticos a Alcocer y su equipo para representaciones oficiales del Estado, a pesar de no ser una funcionaria pública.
Dicho en otras palabras, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al tribunal la anulación de los decretos que permitieron estos nombramientos, con la base de que “no existe razón legal alguna” para designar a la esposa de Gustavo Petro en tales misiones. La disputa se ha concentrado en la asignación de aproximadamente 60 millones de pesos solamente en viáticos para al menos tres viajes oficiales, que incluyen eventos de alto perfil como el funeral de la Reina Isabel II y una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano, entre otros.
Se ha determinado que desde presidencia se han infringido ciertas normativas, como la establecida en el artículo 126 de la Función Pública. Este establece que “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.
“El señor presidente de la República infringió dicha disposición”, argumentó la Procuraduría, a la vez que hizo referencia a la improcedencia de otorgar viáticos y comisiones a Alcocer, quien carece de la condición de servidora pública. En este punto de vista, el órgano de control encuentra respaldo en precedentes jurídicos que restringen tales nombramientos a personas sin vínculos cercanos al jefe de Estado.
Por otro lado, desde el Gobierno se defienden las acciones tomadas con respecto a la primera dama, citando como justificación las “disposiciones legales vigentes y aplicables”, en aras de una “función social”. Un documento del Departamento Administrativo de la Presidencia resaltó que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial se basó en prácticas previas y no representa un abuso de poder.
Sin embargo, entre los detalles más polémicos relacionados con estos viajes, se encuentra la inclusión de varios acompañantes que, aparte del apoyo a la imagen de Alcocer, no han mostrado tener funciones claras. Las denuncias han expresado que el gasto de recursos ha sido sustancial, ya que se han superado los 1.000 millones de pesos. Entre ellos se mencionan a amigos cercanos y asesores de la conyugue de Gustavo Petro, incluidos un fotógrafo profesional, un estilista personal y un vestuarista, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos.
Además de que los distintos sectores de la sociedad colombiana se han pronunciado en contra de estos gastos, que incluso han calificado como “innecesarios”, se ha visto un rifirrafe entre la Presidencia y la Procuraduría, con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el centro de la controversia por su potencial decisión de frenar los viajes de la primera dama.
La investigación de ese uso de recursos, ejecutada por La Silla Vacía, manifestó los costos de la imagen de la esposa de Petro en el exterior. Sin embargo, el mismo medio reportó una serie de vacíos y contradicciones en la respuesta de la Presidencia.
Por ejemplo, en casos particulares como el del fotógrafo, el maquillador y la mejor amiga de Alcocer, quienes, a pesar de estar contratados por distintas entidades, tendrían funciones principalmente enfocadas en asistir a la primera dama, en contraste con lo dispuesto en sus contratos.