Se llama Andrés Camilo Parales Rueda, es un patrullero de la Policía Nacional de Colombia que presta servicio en Bucaramanga, Santander, con 20 años de edad y ha desatado una controversia en las últimas horas al presentar una acción de tutela para garantizar el respeto de su derecho a la libertad de culto y orientación sexual en la institución.
Desde los 15 años, Andrés Camilo se ha identificado como miembro de un grupo satánico llamado La Vey, lo que ha llevado a que adopte ciertas prácticas, como el uso de cabello largo, que son parte de su expresión religiosa. Sin embargo, las normas y costumbres de la Policía Nacional chocan con estas prácticas, lo que ha generado conflictos internos.
El patrullero Parales alega que ha sido obligado a participar en oraciones católicas y se le ha exigido cortar su cabello, lo cual va en contra de su creencia religiosa. Además, en una institución donde el saludo principal es «Dios y patria,» se ha sentido incómodo y ha experimentado discriminación debido a su orientación sexual, ya que es bisexual.
El abogado de Andrés Camilo, Nicolás Calderón, ha explicado que la acción de tutela se basa en la defensa de los derechos fundamentales a la libertad de culto y a la libertad sexual y reproductiva. Además, señaló que el ingreso de su cliente a la Policía tenía como objetivo principal obtener la libreta militar para cumplir su deseo de convertirse en bombero.
El defensor agregó: «La biblia satánica de Anton La Vey prohíbe a sus creyentes cortarse el cabello si es que alguien se lo impone, esto es para cumplir con cierta normativa moral». Según Calderón, la controversia radica en que las reglas y normas internas de la Policía no deben contravenir la Constitución colombiana.
En este sentido, el abogado argumenta que la Constitución garantiza el desarrollo de la personalidad y la libertad de culto, por lo que la institución debe respetar estos derechos. La demanda plantea una discusión importante sobre el equilibrio entre las regulaciones internas de la Policía y los derechos individuales protegidos por la Constitución. La decisión de la tutela tendrá un impacto significativo en el respeto de la diversidad religiosa y sexual en la institución policial.