El gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de presentar un proyecto de acto legislativo al Congreso que busca modificar el papel de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General en Colombia. La propuesta busca eliminar ciertas funciones relacionadas con destituciones e inhabilidades, especialmente en lo que respecta a funcionarios electos por mandato popular, como alcaldes y gobernadores.
Esta iniciativa surge en respuesta a las preocupaciones del gobierno de Petro de que la reforma aprobada por el Congreso no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del propio Gustavo Petro, cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. La reforma actual establece que la Procuraduría seguirá teniendo sus funciones, pero las decisiones de suspender o inhabilitar mandatarios locales deben ser revisadas por el Consejo de Estado.
Uno de los cambios constitucionales más significativos propuestos en este proyecto es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no podrán ejercer funciones jurisdiccionales ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Además, se busca modificar el artículo 118 de la Constitución Política para eliminar las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público.
En cuanto a la Contraloría General, se plantea ajustar el artículo 268 de la Constitución, que permite la suspensión inmediata de funcionarios durante investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. El proyecto propone que esta función de intervención en procesos judiciales y administrativos sea “excepcional” y excluye su aplicación en el sistema penal acusatorio.
Un punto destacado del proyecto es la propuesta de desvincular a la Procuraduría de los procesos penales, sacándola del Sistema Penal Acusatorio, según lo establecido en el artículo 205 de la Constitución Política. Se enfatiza que la ley no tendría efectos retroactivos, por lo que los procesos en curso del Ministerio Público continuarían sin cambios.
Sin embargo, una disposición preocupante es la que otorgaría al presidente de la República facultades extraordinarias para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial como magistrados, fiscales, jueces, entre otros.
Este proyecto está siendo evaluado por el Consejo Superior de Política Criminal, que incluye a varios funcionarios clave y representantes de instituciones. En general, se han mostrado de acuerdo con la propuesta de limitar la intervención del Ministerio Público, especialmente en los procesos penales. El futuro de esta iniciativa y su impacto en el sistema de control y equilibrio en Colombia serán temas cruciales a seguir.