AUDITORIA EN SUPERSALUD ENCUENTRA SERIAS INCONSISTENCIAS

Por lo que se adoptaron las acciones correspondientes y se ordenaron los correctivos necesarios.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que luego de estudiar la deuda total que han dejado al Sistema de Seguridad Social en Salud las Entidades Promotoras de Salud (EPS), se identificaron inconsistencias, razón por la cual, el ente de control ordenó de manera inmediata una auditoría.

Esta auditoría implicó un proceso de verificación de datos con el fin de suministrar cifras confiables y certificadas, así como la revisión de los montos que fueron presentados.

La Supersalud inició durante las últimas dos semanas un proceso de inspección y análisis de datos, con especial atención en la forma en que se venía procesando la información, extendiéndolo a los montos de acreencias de alrededor 102 EPS liquidadas entre el 2003 al 2015, y la revisión exhaustiva de las cifras que “de buena fe” fueron presentadas al país.

“Como consecuencia, efectivamente se hallaron varias inconsistencias no advertidas al interior de la entidad por los equipos técnicos a cargo, por lo que se adoptaron las acciones correspondientes y se ordenaron los correctivos necesarios, especialmente en los protocolos de recepción y reporte de información”, indicó este lunes la Supersalud en un comunicado.

“Luego de constatar y de realizar la depuración efectiva, esta Superintendencia determinó que las deudas de las EPS ascienden a $23,3 billones, de los cuales: $16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector, $1,7 billones a las EPS liquidadas y $5 billones a las EPS en liquidación, cifras que pueden presentar variación como consecuencia del proceso de reconocimiento y pago de acreencias que adelantan los agentes liquidadores designados por la Entidad y de la revisión del reconocimiento y pago de acreencias de las 102 EPS liquidadas entre el 2003 y el 2015 que no habían sido tomadas en consideración”, agregó.

De esta manera, manifestó que se dieron los traslados correspondientes a la Oficina de Control Interno y a las autoridades disciplinarias competentes para que realicen las averiguaciones a que hubiere lugar y estimen convenientes.