Según la Procuraduría General de la Nación, cometieron falta al elegir a una personera encargada, quien no cumplía con el lleno de los requisitos legales.
Yolanda Reyes Niño, procuradora delegada (e) para la Vigilancia administrativa, Asuntos sociales y Paz, elevó pliego de cargos disciplinarios contra 19 de los 21 concejales, por presuntas irregularidades en la designación de Angélica María Ávila Goldfarb como personera encargada del Distrito de Barranquilla. Concejo de Barranquilla nombra a Personera Distrital por un período de tres meses
“La Procuraduría Regional del Atlántico adelantó la actuación preventiva bajo los radicados: E-2019-527949 y E2020-268844 con el fin de hacer seguimiento y acompañamiento al concurso de méritos para hacer la elección del Personero Distrital de Barranquilla para el período 2020-2024 y ante la suspensión provisional de convocatoria, respecto la designación de la personera encargada designada por el Concejo Distrital de Barranquilla en sesión del 27 de febrero de 2020, el caso fue cerrado el 1º de junio de 2020”, se lee en la resolución.
El pliego de cargos se les hizo a los concejales, en orden alfabético: Julio Álvarez Vega, Fredy Barón Orozco, Heidy Barraza Vergara, Layton Barrios Torres, Samir Benavides Moreno, Antonio Bohórquez Collazos, Evaristo Crisien Barraza, Oswaldo Díaz, Insignares Richard Fernández Barraza, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, María Henríquez Quintero, Samuel Marino Angulo, Andrés Ortiz Hernández, Carlos Ospino Acuña, Racer Lee Pérez Torres, Samir Radi Chemas, Andrés Rengifo, José Trocha y Mauricio Villafañez Jabba.
Según el ministerio público estos ediles “…eligieron y posesionaron a la señora Angélica María Ávila Goldfarb en el cargo, a sabiendas que no estaba acreditado el cumplimiento d de las exigencias legales establecidas en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, toda vez que la señora Ávila Goldfarb no tenía título de posgrado alguno”.
Los dos concejales que no los cobija esta medida disciplinaria son: Óscar David Galán, quien advirtió el día de la elección que Angélica María Ávila Goldfarb no reunía los requisitos legales para ser elegida, y el otro fue Juan Vergara, quien se abstuvo de votar.
“En plenaria el concejal referido, (Óscar David Galán), manifestó que la postulante no reunía los requisitos de ley en razón a que carecía de título de posgrado, por lo que no será viable elegirla para nombrarla en cargo como Personera Distrital de Barranquilla. No obstante, el Concejo Distrital de Barranquilla, en sesión plenaria del 27 de febrero de 2020, sometió a consideración la elección de la doctora Angélica María Ávila Goldfarb, como Personera Distrital en el cargo, siendo escogida por la mayoría de los concejales”, dice el informe de la Procuraduría.
Más adelante anota “el despacho considera que ésta se describe a título de acción, en la medida en que, a pesar de conocer que la señora Angélica María Ávila Goldfarb no contaba con título de posgrado y que éste era un requisito exigido en las normas vigentes referidas a las condiciones y la calidades de quien fuese elegido como Personero Distrital, la eligieron en sesión de 27 de febrero de 2020, expidieron la resolución 082 de 17 de febrero de 2020 por el cual efectuaron su nombramiento en cargo y el 28 del mismo mes y año, le dieron posesión, conducta con la cual desconocieron el principio de moralidad que inspiran la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política”.
“Por otro lado, no es que resultara que la elección para nombrar en el cargo a la señora Ávila Goldfarb fuera la única salida jurídica para solventar la situación puerto que, el Concejo Distrital, una vez advertida la ausencia de los requisitos, podía designar en forma temporal o transitoria a otro personero que siguiere en jerarquía para garantizar la continuidad en el cumplimiento de las funciones administrativas de la Personería, asegurando que éste reuniese las calidades para ocupar el cargo”, anota.
Según la Procuraduría General de la Nación, la falta imputada a los 19 concejales de Barranquilla, “se califica cono grave, en atención a lo dispuesto en el los artículos 43 y 50 de la Ley 734 de 2002”, porque presuntamente desconocieron sus obligaciones constitucionales y reglamentarias al violar el régimen de prohibiciones toda vez que, a sabiendas la señora Angélica María Ávila Goldfarb no reunía los requisitos de ley y la posesionaron eludiendo las exigencias, “comportamiento que provisionalmente encuadra en la modalidad de culpabilidad calificada como dolosa”.
El actual presidente del Concejo de Barranquilla, Juan Carlos Ospino Acuña, dijo que se actuó de acuerdo a la ley y que lo que se hizo fue un encargo ante la renuncia del personero Jaime Sanjuán, quien estaba al frente de la Personería en ese momento.