Una ola de comentarios divididos en la esfera política nacional ha generado la determinación de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, de suspender provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política.
En ese sentido, mientras que un sector señala que la determinación va en contravía del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Cidh sobre las competencias de la Procuraduría, otra orilla afirma que es una decisión que busca proteger la institucionalidad y evitar que los funcionarios públicos se inmiscuyan en el proceso electoral que se vive en el país.
Sobre el tema, una de las primeras personas en pronunciarse, fue el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien precisó: “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Cidh defender el voto popular.
La Procuraduría no puede evadir el mandato popular. Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la Cidh fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”, mencionó.
Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, afirmó: “he sido crítico de Daniel Quintero y sí ha participado en política. Pero él y el alcalde de Ibagué no son los únicos que lo están haciendo. Si la Procuraduría quiere impartir justicia va quedada en muchos funcionarios, empezando por el presidente y sus ministros”, anotó.