Un poco más de 100 vehículos quemados, pueblos confinados y amedrantados, y cerca de 6 personas muertas, fue el resultado de cuatro días de paro armado del ‘Clan del Golfo’ en once departamentos del país.
Aunque el Gobierno Nacional intentó dar respuesta con millonarias recompensas y aumento de pie de fuerza, los expertos consideran que no hubo control real sobre el territorio y que fue una respuesta tardía.
Así lo explica Jeremy McDermott, co-director de la fundación Insight Crime, quien dice que este paro, al igual que el del ELN, que se presentó hace algunos meses, demuestran que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública no tienen el control total del territorio nacional, y que la población civil en muchas partes del país no cree que el Estado pueda protegerlos.
Con este argumento coincide León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien expresa que es muy grave que el Gobierno se haga el sorprendido con este paro. “Este ha sido el modus operandi del ‘Clan del Golfo’ cada que le detienen a uno de los Úsuga. El Gobierno tenía que estar preparado para esto y no se preparó, porque ha sido muy débil ante esta estructura criminal”.
En los cuatro días del llamado paro armado que decretó el ‘Clan del Golfo’, en retaliación a la extradición de su principal cabecilla Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, se presentaron 309 hechos de violencia en el país, que afectaron a la población civil, de acuerdo al último balance de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Entre estos se encuentran 26 bloqueos forzados en vías; 118 vehículos quemados; 54 cierres de actividades de transporte y terminales y 22 ataques a la Fuerza Pública, que dejaron dos personas asesinadas, entre otros. Estos hechos violentos se presentaron en 11 departamentos y 178 municipios, entre los que se encuentra el 100 % de los territorios de La Guajira y Chocó.
Ante esta situación, el Gobierno ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, y Wilmer Antonio Quiroz, alias ‘Siopas’, quienes serían los máximos cabecillas del ‘Clan del Golfo’, tras la captura de ‘Otoniel’, según las autoridades.
También se realizaron patrullajes conjuntos con la Fuerza Pública en capitales y cabeceras; protección de las vías para garantizar el abastecimiento de alimentos y transporte; y la movilización de 52.000 uniformados a los puntos más afectados del país.
Según cifras de la Policía Nacional, durante estos días se presentaron 104 capturas, 24 de ellas por orden judicial y 80 en flagrancia. Fueron incautadas 23 armas de fuego, 781 cartuchos de munición, 9 granadas y 5 artefactos explosivos, entre otros elementos.
Las medidas llegaron demasiado tarde, según expresa Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), lo que refleja la tardía respuesta del Gobierno ante este paro armado.
“Este paro evidenció que hubo una reacción tardía del Estado para enfrentarlo, de pronto pensando que no era un grupo tan fuerte, y aunque había fuerza desplegada, esta se vió superada en algunos casos por las acciones de estos grupos. La Fuerza Pública no logró evitar el temor, evitar que se afectará la comunicación terrestre”, señala Macías.
Además, Macías explica que sí hubo consejos de seguridad, sí se tomaron acciones, pero por ejemplo la presencia del Presidente Iván Duque en la región se demoró en llegar. “Aquí estamos hablando de un paro que buscaba por parte de este grupo mostrarse fortalecido, pero esa imagen se habría podido sopesar con la imagen de un presidente en el terreno, liderando a la Fuerza Pública, y eso no se vio”.
En esta línea es importante mencionar que los alcaldes de los 19 municipios del Occidente antioqueño enviaron una carta a la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en la que le piden acciones contundentes ante las acciones violentas del ‘Clan del Golfo’, y en la que dicen que la capacidad de intervención del Gobierno ha sido sobrepasada.
En una entrevista el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que desde la captura de ‘Otoniel’ llevan más de 250 capturas, por lo que calificó al grupo como una organización muy debilitada; declaraciones parecidas a las que ha hecho el presidente Iván Duque desde la captura de ‘Otoniel’.
Sin embargo, según la Fundación Paz y Reconciliación, liderada por León Valencia, mediante un informe publicado en marzo y denominado ‘Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque’, dice que es mentira que el ‘Clan’ esté debilitado, pues, según este, pese a la detención de ‘Otoniel’, continúa siendo el grupo criminal más poderoso de Colombia.
“Con la captura de ‘Otoniel’ el ‘Clan del Golfo’ no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional como consecuencia de dicho hecho”, reza el documento. Según el informe, actualmente el grupo armado tiene cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes, entre ellos 1.461 armados.
Con los argumentos de este informe coincide Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), quien dice que aunque es cierto que el Gobierno ha continuado combatiendo a este grupo armado.
“La capacidad de acción del ‘Clan’ sigue sin estar tan debilitada como se pensaba, en parte porque han logrado tener una relación muy estrecha con diferentes grupos, que para poder operar en diferentes municipios no necesitan tener presencia directa sino aliados”, señala el informe.
Jeremy McDermott, por el contrario, considera que el Clan del Golfo sí se ha debilitado tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, y su extradición podría fragmentarlo más y los elementos ganen más autonomía.