La decisión de la juez Carmen Helena Ortiz, que puede ser apelada por la defensa de Uribe ante un tribunal superior, prolonga una larga contienda legal considerada por los partidarios de Uribe como una persecución y por sus detractores como un proceso justo. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe deberá ir a juicio por la supuesta comisión de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, luego de que una juez se negó a precluir una investigación en contra del influyente político, reactivando un proceso judicial profundamente polarizado.
“Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”, dijo Ortiz durante la audiencia. “El despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, agregó.
Uribe y varios de sus aliados fueron investigados por manipulación de testigos en un intento por desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con paramilitares de derecha. El expresidente siempre ha negado las acusaciones en su contra declarándose inocente.
La Fiscalía General solicitó en marzo de 2021 una audiencia ante un juez para archivar la investigación al determinar que las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al dirigente político y excongresista no tienen la característica de delito.
El abogado de Uribe, Jaime Granados, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El caso desató en 2020 una controversia política y jurídica en el país sudamericano, que está próximo a realizar elecciones presidenciales.
La condena en el caso podría significar una pena de prisión de hasta 12 años para Uribe.
Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permaneció dos meses bajo arresto en su finca en 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
Uribe, un político muy popular y polémico, recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
El político renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la Fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías después de que violó el debido proceso, pero sus críticos aseguraron que se trató de una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso y dirigido por una persona cercana al presidente Duque.
El expresidente Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el principal dirigente del partido derechista Centro Democrático, que llevó al poder a Duque.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista, pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.