La exalcaldesa de Cartagena cumple una condena por irregularidades en la venta de una playa. Ante la Corte Constitucional insiste en su inocencia.
Judith Pinedo, la Mariamulata, alcaldesa de Cartagena entre 2008 y 2011, se encuentra recluida desde abril del año pasado, cumpliendo una condena de 12 años de cárcel por la venta irregular de un predio de playa, lote de la Nación, a una reconocida empresa hotelera, en el sector de El Laguito. Así lo declaró el Tribunal Superior de Cartagena.
Su nueva estrategia de defensa se da después de presentar ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado agosto, un recurso de impugnación especial contra la condena, apelando a que en primera instancia había sido absuelta. Esa Corte negó la solicitud de libertad a la exalcaldesa pese a que su abogado Enrique del Río había solicitado la libertad argumentando que Pinedo Flórez, de 62 años, está diagnosticada con prediabetes e hipotiroidismo, malencias que serían inconvenientes para su salud e integridad estando entre muros.
Ahora, presentaron esa tutela ante la Corte Constitucional, por medio del abogado Héctor Riveros Pinedo sostuvo que el Tribunal de Cartagena vulneró sus derechos debido a que ordenó recluirla en prisión sin que su sentencia estuviese en firme.
Por consiguiente, su defensa solicitó a la Corte Constitucional para que se manifieste a su favor, fallando la tutela que presentó. El magistrado Alejandro Linares les ha pedido a sus compañeros que seleccionen esa acción jurídica para su estudio con la que recuperaría su libertad.
¿De qué manera?, el abogado Linares le pide a la Corte que estudie si es procedente dejarla en libertad hasta cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de fondo sobre la sentencia.
Los argumentos de la defensa
El abogado Enrique del Río, uno de los defensores de Pinedo, indicó: “Lo esencial en el debate jurídico es si a una persona se le puede privar de la libertad cuando tiene una sentencia condenatoria que aún no está ejecutoriada, aun no esta en firme, pues hay un recurso en trámite. Sin embargo, la Corte Suprema zanjó ese debate diciendo que sí se puede privar de la libertad antes de que se decida sobre el recurso en trámite. Entonces lo que se está buscando es que la Corte Constitucional estudie el tema y defina si esto trastoca la presunción de inocencia, porque una persona debe ser tratada como inocente hasta que no haya una decisión en firme”.
La defensa de la Mariamulata apela al artículo 188 de la ley penal 600 de 2000 donde se reseña que por la aplicación de los principios de favorabilidad, igualdad, presunción de inocencia, excepcionalidad de la restricción de la libertad e interpretación pro homine y pro libertatis, no debe haber sentencia u ordenarse una captura hasta tanto todo quede ejecutoriado.
“Pedimos la aplicación del principio de favorabilidad por ultractividad, es decir, que la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención preventiva, y en el caso de Judith Pinedo no hubo medida de aseguramiento de detención preventiva”, explicó Del Río.