El fallo del tribunal fue emitido el 23 de marzo tras la demanda que presentó el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
La política expropiatoria de Hugo Chávez ha sido derrotada de manera reciente en un tribunal. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió una sentencia que condena al Gobierno de Venezuela a pagar la suma de 1.640 millones de dólares (1.481 millones de euros) como indemnización de la empresa española Agroisleña por haber “sido expropiada por el fallecido Hugo Chávez sin compensación a finales de 2010”.
En su fallo, el Tribunal determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos constituyó una “violación” del Acuerdo España- Venezuela.
“El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A.y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela”, se lee en la información proporcionada por el grupo empresarial.
El fallo del tribunal fue emitido el 23 de marzo tras la demanda que presentó el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
Según cita el diario español ABC, el fallo del tribunal fue emitido el 23 de marzo tras la demanda que presentó el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela amparado en el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Intersiones.
Se conoció que además de la indemnización, el Gobierno de Venezuela deberá pagar adicionalmente los “intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente”.
A finales de 2010 y con la puesta en marcha de su política expropiatoria, el expresidente Hugo Chávez ofreció a sus compañeros de armas la empresa española Agroisleña, expropiándola sin pago alguno, al cambiarle el nombre por Agropatria, bajo la excusa de recuperar 240.000 hectáreas productivas y duplicar su producción en dos meses.
Sin embargo, los militares que recibieron la empresa la condujeron a la ruina. Tras ser expropiada, Agroisleña, fundada por el empresario español Enrique Fraga, decidió demandar al gobierno venezolano en 2016.