En operativos que realizaron de manera conjunta técnicos de la empresa Air-e y la Policía Nacional, como parte de las acciones en la continua lucha contra el delito de Defraudación de fluidos, más conocido como “robo de energía”, se detectaron 4 fincas con igual número de transformadores, cometiendo el acto delictivo a través de la instalación de dichos equipos, sin autorización y de manera ilegal.
“La mayoría de las fincas se dedicaban a la actividad ganadera y de cultivos, utilizaban la energía “robada” para motobombas y equipos empleados en las actividades propias de los predios. El primer caso se presentó en inmediaciones del corregimiento de Algodonal, en jurisdicción de Santa Lucía, en donde se encontró un transformador ilegal en la finca Villa Jordán”, dio a conocer Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en el Atlántico.
Agregó que otro de los procedimientos se realizó en la finca Villa Panchita, en el área rural del municipio de Suan, “en donde estaba instalado un transformador ilegalmente para cometer el delito. Igualmente, en jurisdicción de ese mismo municipio se hizo el procedimiento para desmontar dos transformadores ilegales, uno en la finca Las Nubes y otro en la finca Vista Hermosa, retirando también una red eléctrica instalada en la infraestructura de Air-e sin su autorización”.
Frente a esta problemática, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, reiteró que el delito de Defraudación de fluidos tiene una pena de hasta 72 meses de prisión y la empresa no ha escatimado esfuerzos para combatir este flagelo, razón por la cual cuenta a la fecha con más de 200 procesos penales que cursan en la Fiscalía.
“En Air-e seguimos avanzando en la lucha contra los que delinquen robando energía. En esta ocasión, con apoyo de la Policía Nacional, desarrollamos operativos en el sur del departamento; en zona rural de los municipios de Santa Lucía y Suan detectamos cuatro fincas con transformadores irregulares, conectados a la red de distribución sin autorización de la compañía. En estos predios la energía era utilizada para explotaciones agrícolas y ganaderas, principalmente en riego de cultivos”, sostuvo Castilla Andrade.
“Estimamos que la energía consumida, que no se facturaba y por tanto no era cancelada supera los 150.000 kilovatios/hora cada mes, que tiene un valor cercano a los 112 millones de pesos. Y esta energía equivale al consumo que pueden hacer cerca de 500 familias”, añadió.
El funcionario dijo que la compañía sigue trabajando de manos de las autoridades “para combatir el robo de energía, entendiendo que nos perjudica a todos aquellos que consumimos de manera formal el servicio. Que la afectación que percibimos producto del robo de energía supera los 2.000 millones de pesos diarios. Debemos recordar que quienes cometen este delito se someten a sanciones de hasta 72 meses de cárcel; y que ya son más de 200 los procesos judiciales que adelantamos de la mano de las autoridades para sancionar a quienes persisten en el robo de la energía”.
“Contamos con la denuncia de nuestros usuarios para seguir avanzando en la lucha contra los delincuentes para poder reducir las bandas y personas dedicadas a este tipo de actos y seguir avanzando en la transformación de la prestación del servicio”, terminó diciendo Castilla Andrade.