El exsenador Eduardo Pulgar, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de prisión (casi 5 años) y deberá pagar una multa de 178 salarios mínimos (Unos 178 millones de pesos) por los delitos de “tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer”.
«De cara al delito que se estudia, no emerge asomo de duda que el exsenador acusado le hizo un ofrecimiento de dinero al ex servidor judicial con el propósito de que éste en el trámite de la solicitud de restablecimiento del derecho, ejecutara actos contrarios a sus deberes oficiales a cambio de 200 millones de pesos para favorecer los intereses de la familia Acosta”, señala la sentencia.
A Pulgar no solo se le acusa de corrupto, sobornador y posible extorsionador; los testimonios también lo involucran como uno de los tres jefes del cartel de la Salud del Caribe. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, también ha denunciado a Pulgar como integrante del cartel de la Salud en dicho departamento.
Recordemos que el hecho se trata específicamente de un soborno que ofreció a través una millonaria suma de dinero a un juez de Usiacurí, Atlántico, para intentar favorecer a la familia Acosta que estaba en proceso en ese despacho por una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Acción que salió a la luz gracias a una investigación del periodista Daniel Coronel.
En diciembre de 2020, Caicedo envío a la Fiscalía General de la Nación una carta en la que solicitó que se reconozca al departamento como víctima dentro del proceso de Pulgar, el superintendente de Salud Fabio Aristizábal, el excongresista Luis Eduardo Díazgranados, entre otros, por los hechos denunciados por el presidente de la Red Ver de veedurías de Colombia, Pablo Bustos.
Las razones de esta petición estuvieron sujetas a una eventual comisión de delitos contra la administración pública. Según Caicedo la intervención del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), por ejemplo, se dio por unos intereses políticos, un “contubernio entre congresistas y empleados de la Supersalud”.
“En el Magdalena hubo intervenciones que afectaron gravemente la prestación del servicio de salud, lo cual constituye un hito. Aristizábal está siendo asesorado por una persona aún más señalada de tener sesgos políticos”, precisó en ese entonces Bustos Sánchez.