En días pasados un grupo de pobladores organizó una protesta en la que quemaron varias máquinas, de las más de 80 que están secando los cuerpos de agua y arrasando la flora y la fauna.
El municipio de Norosí, sur de Bolívar, está padeciendo por la falta de agua, incluyendo los pueblos de su zona rural. Así lo dieron a conocer líderes sociales de esa localidad, quienes por razones de seguridad, pidieron la reserva de sus nombres.
Explicaron que el principal afluente, del cual se sirve la población, que es la quebrada Norosí, está completamente seco debido a la sedimentación que produce la minería ilegal.
Dijeron que esta actividad viene siendo ejercida con alrededor de entre ochenta y cien retroexcavadoras, algunas en el mismo cause y las otras a unos veinte o treinta metros a la orilla de la quebrada, pero afectan directamente el cuerpo de agua.
“El color del agua –describieron– se ha tornado completamente anaranjado, por lo que es imposible ingerirla o utilizarla para bañarse”.
Recordaron que recientemente se organizó un comité, para impedir el acceso de la gasolina y el ACPM para las retroexcavadoras, y de esa manera mostrar el descontento de la comunidad con las personas que vienen ejecutando la minería ilegal y con el fin de que la suspendan, “pero eso no ha servido de nada, porque siguen trabajando en el cauce”.
Relataron que el pasado 5 de marzo se llevó a cabo un operativo, por parte de la Policía Nacional, con agentes especializados en minería ilegal, durante el cual los uniformados quemaron dos máquinas, que, además de contaminar la quebrada, estaban arrasando con la flora y la fauna.
“Los alrededores de la quebrada parecen un desierto: ya no queda ni una sola planta, ni árboles ni pasto”, informaron los líderes sociales. Sin embargo, a pesar de la protesta la actividad sigue en marcha.
En cuanto al suministro de agua potable, en 2010 el municipio tuvo acceso a los bonos de agua, que facilitaba el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
“Ese cupo de endeudamiento lo aprobó el Concejo Municipal por $3.160 millones, pero no sabemos en qué se invirtieron esos recursos. Se oye decir que hubo un proyecto de un acueducto para Norosí, pero la verdad es que aún contamos con una planta de tratamiento, que no funciona, puesto que no hay agua que tratar, ya que el líquido es tan poquito que a algunos barrios llega cada seis días”, dijeron los afectados.
Wadi Romano Jácome, el secretario de Minas y Energía de Bolívar, dijo que lo más preocupante de la maquinaria amarilla es el cambio de cauce de los ríos, factor que, a futuro, podría provocar grandes inundaciones en las poblaciones aledañas.
“Sumado a eso –añadió– la contaminación trae muchas enfermedades causadas por el mal uso del cianuro, el mercurio y otros químicos. Las plantas potabilizadoras de los pueblos sureños toman el agua de los ríos contaminados, y así es como los pobladores se enferman después de consumirla”.
Sostuvo que esa situación es de vieja data, “pero aplaudo que las comunidades ya estén despertando, porque la maquinaria amarilla viene siendo operada por algunos grupos armados ilegales. Pero nosotros no tenemos la autoridad para frenarlos, porque eso le toca la Agencia Nacional de Minería, que ha brillado por su ausencia. Ahora llegó un nuevo presidente, Miguel Durán, a quien le hemos contado la situación para que ponga el control debido”.
Romano Jácome dijo estar insistiendo en la creación del Comité Departamental Minero, donde tengan asiento las autoridades ambientales, municipales, departamentales, la nacional, los órganos judiciales y la autoridad policiva y judicial, con el fin de combatir la minería ilegal.
“Pero eso no se controla desde Bogotá o Cartagena. Hay que hacer presencia en el territorio, para la formalización de la actividad minera y frenar la ilegalidad mediante un batallón de alta montaña en la Serranía de San Lucas, que pueda hacer intervenciones aéreas”, sostuvo el funcionario.
Se intentó obtener la opinión del alcalde de Norosí, Arturo Londoño, pero no fue posible.