En el documento, el Ministerio Público pone de presente que a raíz de las denuncias “sobre la posible filtración de las coordenadas declaradas por la SSA (…), hecho que según sus consideraciones se realizó durante el trámite de estructuración de la APP propuesta ante el Mincultura por Macs, (…) una vez sea revisado y analizado el material probatorio recopilado y remitido por las entidades requeridas (…) se evaluarán los mismos a efecto de determinar la pertinencia de iniciar las investigaciones disciplinarias”.

Al respecto, Muñoz, el denunciante, le dijo a este diario que “esta solicitud de medidas cautelares que hemos presentado trata sobre la presunta filtración de coordenadas, en febrero de 2015, de parte del Gobierno Nacional a Macs durante la etapa de prefactibilidad”.

Se refiere Muñoz a la séptima solicitud de medidas cautelares que presentó la veeduría bajo su dirección ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso del naufragio.

De acuerdo con el documento radicado, el Estado estaría ad portas de perfeccionar el contrato ‘MC APP 001 2018 Galeón San José’, para la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, “el cual no debe ser perfeccionado por objeto ilícito dado que sobre el mismo pesa embargo decretado por el Juez 10º Civil del Circuito de Barranquilla, que dictamina el secuestro de los bienes identificados en las coordenadas”.

Por ello, el accionante solicita ordenar a los demandados suspender todo tipo de trámite del proceso contractual y pide además ordenar al Ministerio de Cultura que antes de perfeccionar cualquier clase de contrato al respecto, verifique si el naufragio denunciado por Glocca Morra Company –cedido a SSA-, se encuentra en la “vecindad inmediata” de las coordenadas señaladas en la denuncia.

Este diario reveló el pasado fin de semana un pronunciamiento del Ministerio de Cultura del pasado 17 de mayo, que citando una certificación de la Dirección General Marítima, Dimar, advierte que el lugar en que en 1982 la SSA denunció haber encontrado el Galeón, no es el mismo en que finalmente fue hallado el naufragio en noviembre de 2015.

Esto en medio de la disputa por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 2007 que declara a SSA propietaria del 50% de los tesoros que se encuentren en las áreas marítimas denunciadas en 1982.

En respuesta, la veeduría señaló en un comunicado que habría “presunto abuso de función pública y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en la negación sistemática del Gobierno a adelantar procedimiento material de verificación para resolver de manera transparente, sin el recurso a certificaciones probablemente equívocas, la presunta superposición entre las coordenadas reportadas en 1982 y aquellas establecidas en 2015 sobre el lugar donde se encontraría el Galeón Señor San José”.