El Ministerio P\u00fablico sali\u00f3 a defender el laudo arbitral que les puso freno a la pretensiones econ\u00f3micas de la multinacional brasile\u00f1a y sus asociados. Insisti\u00f3 en que no se cometieron errores, el contrato s\u00ed se pod\u00eda anular y que la deuda con los bancos se debe resolver en otra pelea judicial. <\/p>\n\n\n\n
Hasta ahora Colombia le va ganando la pelea a Odebrecht y sus socios, quienes han querido recuperar a toda costa el dinero que perdieron luego de que el Estado anulara el contrato de la Ruta del Sol 2, por cuenta de los sobornos que pagaron los brasile\u00f1os para conseguirlo. Pese a los triunfos del Estado, todav\u00eda falta un enfrentamiento crucial que ya lleg\u00f3 al Consejo de Estado, en donde se definir\u00e1 si se cae el laudo arbitral que estableci\u00f3 que el pa\u00eds no puede pagar ni un peso por la corrupci\u00f3n de la multinacional. Los primeros en atacar en esta nueva instancia fueron Odebrecht, la Concesionaria Ruta del Sol, Corficolombiana, Episol y los bancos que prestaron el dinero para las obras. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, ante sus peros al laudo arbitral, la Procuradur\u00eda inici\u00f3 su contraataque. En el expediente ya reposa su respuesta a los argumentos de quienes perdieron con la decisi\u00f3n del Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 que, en agosto de este a\u00f1o, emiti\u00f3 su hist\u00f3rica decisi\u00f3n en la que resolvi\u00f3 que la naci\u00f3n solo tendr\u00eda que pagar $211.273 millones (el valor del 52 % de las obras que s\u00ed se entregaron y que el pa\u00eds debe reconocer). Una cifra m\u00ednima comparada con los m\u00e1s de $3,8 billones que quienes buscan tumbar el laudo exigieron ante los \u00e1rbitros. El Ministerio P\u00fablico fue contundente en su posici\u00f3n y explic\u00f3 en detalle por qu\u00e9 la posici\u00f3n de quienes pidieron anular el laudo es inadmisible.<\/p>\n\n\n\n
De entrada, la Procuradur\u00eda, en cabeza de Fernando Carrillo, se\u00f1al\u00f3 que de los nueve recursos de anulaci\u00f3n que presentaron los brasile\u00f1os, sus socios en Colombia y, por separado, los siete bancos que les prestaron el dinero para las obras -Banco de Occidente, Banco de Bogot\u00e1, Banco Popular y Banco AV Villas (todos del Grupo Aval), y Davivienda, Ita\u00fa y Bancolombia-, ninguno puede ser aceptado por el Consejo de Estado. Uno de los \u00e9nfasis del ente de control es el tema de la caducidad del contrato, planteada por la contraparte para tumbar el laudo que no lo benefici\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los opositores del laudo, el tribunal de arbitramento no pod\u00eda anular el contrato, pues ya no estaba dentro del tiempo permitido por la ley. Los c\u00e1lculos que le presentaron al Consejo de Estado se\u00f1alan que la anulaci\u00f3n se deb\u00eda hacer cinco a\u00f1os despu\u00e9s de firmado el contrato fuente de la controversia. Es decir, el Estado deb\u00eda solicitarla antes del 14 de enero de 2015, pues el negocio se firm\u00f3, con sobornos de por medio, el 14 de enero de 2010. Sin embargo, aseguran, el pleito arbitral comenz\u00f3 ocho meses despu\u00e9s, en agosto de 2015, y solo dos a\u00f1os despu\u00e9s, en enero de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidi\u00f3 terminar el contrato.<\/p>\n\n\n\n
Para la Procuradur\u00eda, el argumento de los bancos y los brasile\u00f1os es il\u00f3gico, pues en este caso el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n, que motiv\u00f3 la cancelaci\u00f3n del contrato, se conoci\u00f3 seis a\u00f1os despu\u00e9s de firmado el negocio. Y, en consecuencia, era imposible que el Estado pidiera su anulaci\u00f3n cuando no sab\u00eda de las andanzas ilegales de los empresarios y funcionarios p\u00fablicos. Para reforzar su posici\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico record\u00f3 un fallo del Consejo de Estado que, en septiembre del a\u00f1o pasado, decret\u00f3 la muerte pol\u00edtica de Bernardo\u00a0\u00d1o\u00f1o<\/em>\u00a0El\u00edas Vidal y Plinio Olano por sus presuntos v\u00ednculos en el entramado de Odebrecht. En ese momento el alto tribunal enfrent\u00f3 una situaci\u00f3n similar.<\/p>\n\n\n\n En ese proceso de p\u00e9rdida de investidura los tiempos para presentar el recurso tambi\u00e9n pod\u00edan debatirse, pero el Consejo de Estado fue claro en que el per\u00edodo deb\u00eda contarse desde que se conocieron los hechos ilegales. Es decir, no desde que se firm\u00f3 el contrato (2010), sino desde que Colombia supo de los pagos de sobornos de Odebrecht en Colombia (2016). Al respecto, el alto tribunal agreg\u00f3 que ese t\u00e9rmino no se puede entender de otra manera, pues de lo contrario se \u201cdesafiar\u00eda no solo el principio milenario conforme al cual \u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d, sino a la necesidad social sentida de activar todo medio jur\u00eddico posible en funci\u00f3n de la lucha efectiva contra la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n A partir de la posici\u00f3n del alto tribunal frente al caso del\u00a0\u00d1o\u00f1o<\/em>\u00a0y Olano, la Procuradur\u00eda agreg\u00f3 que considera problem\u00e1tico y deshonesto que Odebrecht, sus socios y los bancos quieran anular el laudo con este argumento y, adem\u00e1s, que se trata de una postura irrespetuosa para la sociedad colombiana. Agreg\u00f3 que, de prosperar, el Consejo de Estado estar\u00eda permitiendo una situaci\u00f3n problem\u00e1tica, pues el juez de los contratos, en este caso el tribunal arbitral, no tendr\u00eda c\u00f3mo pronunciarse sobre este tipo de controversias, haciendo casi imposible para las autoridades investigar casos de corrupci\u00f3n, identificar a sus protagonistas y castigar conductas ilegales.<\/p>\n\n\n\n Entre pesos pesados<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pese a que los recursos de anulaci\u00f3n llegaron al Consejo de Estado firmados por aparte por los bancos y socios del proyecto, hay un punto en el que coinciden todos. Quienes buscan anular el laudo aseguran que esa decisi\u00f3n fue caprichosa, que en lugar de tener en cuenta las pruebas que allegaron al caso, los jueces impusieron su criterio de justicia y fallaron en su propia ley. Esto, jur\u00eddicamente, se conoce como un fallo en conciencia o equidad. Lo que buscan ahora los brasile\u00f1os, sus socios y los bancos es que, bajo estas supuestas faltas, el alto tribunal tumbe el laudo. Sin embargo, para la Procuradur\u00eda, los \u00e1rbitros no incurrieron ni en irregularidades ni mucho menos en faltas.<\/p>\n\n\n\n Catalina Hoyos Jim\u00e9nez, Jorge Ib\u00e1\u00f1ez Najar y Carlos Mauricio Gonz\u00e1lez fueron los encargados de dirimir este tribunal de arbitraje. Para el Ministerio P\u00fablico, los tres siguieron todos los lineamientos del derecho para lograr su decisi\u00f3n. Estudiaron con juicio todos los informes periciales y las pruebas que llegaron a sus escritorios, y hasta fueron m\u00e1s all\u00e1 de lo que presentaron las partes sobre el caso. La Procuradur\u00eda record\u00f3 que fueron ellos, los \u00e1rbitros, quienes anexaron un informe t\u00e9cnico que consiguieron para buscar una mirada m\u00e1s \u201cneutral\u201d del pleito judicial. Y, adem\u00e1s, recalc\u00f3 el hecho de que a un juez no se le puede poner una camisa de fuerza con las pruebas que se presenten, dej\u00e1ndolo como a un simple observador.<\/p>\n\n\n\n Como si fuera poco con estas advertencia, el contraataque de la Procuradur\u00eda agreg\u00f3 un antecedente determinante en la manera en que el tribunal tas\u00f3 el dinero que debe pagar el Estado (los $211 mil millones). En varias p\u00e1ginas de las 600 que componen el laudo, los \u00e1rbitros reprocharon el hecho de que ni Odebrecht ni la concesionaria (compuesta por los brasile\u00f1os, Episol, Corficolombiana, el Grupo Aval y CSS Constructores), ni ning\u00fan otro actor, fue capaz de darle al tribunal un informe cre\u00edble de los estados financieros de sus cuentas que les permitiera determinar, con certeza, cu\u00e1nto dinero del que lleg\u00f3 a sus bolsillos fue usado en pago de coimas.<\/p>\n\n\n\n Sobre su desacuerdo con el pago ordenado al Estado, la Procuradur\u00eda a\u00f1adi\u00f3 que todas las peticiones de los bancos para dejar sin piso el laudo se basan en esa disputa de n\u00fameros. Pero que despu\u00e9s de revisar cada una de esas sumas, restas, multiplicaciones y cada n\u00famero de esas operaciones, no hubo ning\u00fan error aritm\u00e9tico. Para el Ministerio P\u00fablico, esta molestia se debe resolver en otro lugar, pues tienen derecho a demandar a la concesionaria por esas deudas. \u201cAqu\u00ed el l\u00edo es que una parte de la concesionaria es del Grupo Aval y tres de los siete bancos son de este mismo grupo. Ser\u00eda como demandarme a m\u00ed mismo por invertir mal mi propio dinero\u201d, referenci\u00f3 un exconsejero de Estado.<\/p>\n\n\n\n Los sobrecostos que el desv\u00edo del dinero pudo generar y que no pudo establecer el tribunal de arbitramento fue una de las claves que les permiti\u00f3 a los \u00e1rbitros establecer que Colombia no puede pagar por esa corrupci\u00f3n. M\u00e1s all\u00e1 de esta disputa jur\u00eddica, de peritos y hasta de errores matem\u00e1ticos -pues los bancos, Corficolombiana y Odebrecht dicen que el laudo se equivoc\u00f3 en las f\u00f3rmulas- hay otra raz\u00f3n, aunque menos t\u00e9cnica, que dejar\u00eda sin piso la pretensi\u00f3n de quienes buscan eliminar el fallo arbitral. Si de un lado de la pelea est\u00e1n pesos pesados del derecho, defendiendo los intereses de los brasile\u00f1os, sus socios y las entidades financieras, como Daniel Posse, Juan Carlos Esguerra, Eduardo Zuleta, Humberto Meza, Liliana Sarmiento, Patricia Mier y Jos\u00e9 Roberto S\u00e1chica, del lado contrario se equilibra la balanza.<\/p>\n\n\n\n Quienes, seg\u00fan estos juristas, impusieron sus criterios de justicia y olvidaron todas las reglas del derecho son nada m\u00e1s ni menos que tres de los m\u00e1s respetados abogados del pa\u00eds. Catalina Hoyos es socia fundadora de la firma Godoy-Hoyos, tiene un doctorado de la Universidad de Salamanca y la revista\u00a0Cambio<\/em>\u00a0la catalog\u00f3 como una de las mejores abogadas tributaristas. Carlos Gonz\u00e1lez tiene una especializaci\u00f3n en Roma y una maestr\u00eda en Estados Unidos. Adem\u00e1s fue asesor del Ministerio de Transporte. Por \u00faltimo, Jorge Ib\u00e1\u00f1ez ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Corte Constitucional, fue asesor de la Asamblea Constituyente en 1991 y trabaj\u00f3 en el Banco Interamericano de Desarrollo.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos que cuestionan el fallo lo hacen de esta manera, porque el tribunal les dio una bofetada. Es que lo que les van a reconocer es 18 veces menor a lo que ped\u00edan. Adem\u00e1s, estaban convencidos de que les iba a ir bien porque ten\u00edan todo a su favor\u201d, refiri\u00f3 uno de los abogados que ha seguido de cerca el caso. Otro jurista financiero agreg\u00f3 que la posici\u00f3n de la Procuradur\u00eda es determinante, pues hasta ahora ha peleado de frente por evitar que el Estado responda por corrupci\u00f3n. Se refiere a que fue el Ministerio P\u00fablico el que insisti\u00f3 en defender los dineros p\u00fablicos y a que la entidad que dirige Fernando Carrillo gan\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n popular contra la multinacional y sus socios.<\/p>\n\n\n\n Las entidades que siguen la postura de la Procuradur\u00eda son la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado y la Agencia Nacional de Infraestructura. Sus recursos explicando por qu\u00e9 el laudo no puede caerse deben ser revisados en el Consejo de Estado. En los pr\u00f3ximos d\u00edas se espera saber el nombre del magistrado encargado de estudiarlos y de definir si el hist\u00f3rico fallo se queda sin piso jur\u00eddico. \u00bfQui\u00e9n ganar\u00e1 este contrapunteo? Lo \u00fanico claro es que unos buscan resolver una billonaria deuda con los bancos, por el dinero que se habr\u00eda perdido en sobornos y, desde la orilla contraria, se sigue defendiendo, a capa y espada, que la corrupci\u00f3n en Colombia no se puede premiar de ning\u00fan modo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio P\u00fablico sali\u00f3 a defender el laudo arbitral que les puso freno a la pretensiones econ\u00f3micas de la multinacional brasile\u00f1a y sus asociados. Insisti\u00f3 en que no se cometieron errores, el contrato s\u00ed se pod\u00eda anular y que la deuda con los bancos se debe resolver en otra pelea judicial. 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