La Corte Constitucional ha emitido una resoluci\u00f3n fundamental en relaci\u00f3n al Decreto 1085 de 2023, anunciando su decisi\u00f3n este lunes 2 de octubre. Este decreto fue promulgado por el presidente Gustavo Petro para declarar el estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica en La Guajira debido a la crisis humanitaria que enfrenta el departamento, caracterizada por la falta de acceso a servicios b\u00e1sicos esenciales. La resoluci\u00f3n fue alcanzada luego de una extensa discusi\u00f3n en la plenaria del tribunal superior.<\/p>\n\n\n\n
Durante un per\u00edodo de varias semanas, la Sala Plena examin\u00f3 detenidamente una propuesta presentada por la magistrada Natalia \u00c1ngel Cabo, que suger\u00eda respaldar el decreto con ciertas condiciones, bajo la premisa de que la medida buscaba abordar los aspectos estructurales de la crisis. Sin embargo, la Corte Suprema opt\u00f3 por declarar la invalidez completa del decreto.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la Corte pospuso los efectos de su veredicto por un a\u00f1o, a partir de la fecha de expedici\u00f3n del Decreto 1085 el 2 de julio de 2023. Este aplazamiento se aplica \u00aben relaci\u00f3n a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la disminuci\u00f3n de la disponibilidad de agua\u00bb, seg\u00fan se comunic\u00f3 oficialmente.<\/p>\n\n\n\n
Esto implica que la secci\u00f3n del decreto relacionada con el acceso al agua y saneamiento b\u00e1sico no perder\u00e1 su vigencia de inmediato, sino que continuar\u00e1 siendo aplicable hasta el 2 de julio de 2024. Sin embargo, las dem\u00e1s disposiciones del decreto dejan de tener efecto de inmediato.<\/p>\n\n\n\n
En su fallo, del cual a\u00fan no se ha divulgado el texto completo, la Corte Suprema tambi\u00e9n inst\u00f3 al Gobierno y al Congreso a tomar medidas necesarias para abordar la grave crisis humanitaria de larga data en La Guajira, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de quienes residen en esa regi\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se solicit\u00f3 que se refuercen las instituciones con competencia en cuestiones de cambio clim\u00e1tico y se les provean los recursos necesarios para abordar las circunstancias existentes.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta inicial presentada por la magistrada Natalia \u00c1ngel fue rechazada en esta decisi\u00f3n (Sentencia C-383 2023). En su lugar, se consider\u00f3 una propuesta conjunta de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Jos\u00e9 Fernando Reyes. Algunos magistrados, como \u00c1ngel, Cristina Pardo y Juan Carlos Cort\u00e9s, manifestaron su desacuerdo, mientras que Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez y Paola Meneses expresaron aclaraciones a su posici\u00f3n. Finalmente, el magistrado Alejandro Linares reserv\u00f3 su aclaraci\u00f3n de voto.\u00bfQu\u00e9 se puso sobre la mesa en el debate?<\/p>\n\n\n\n
Durante el debate, se presentaron diversas posturas y se atendieron las solicitudes de distintos organismos, lo que finalmente permiti\u00f3 a la Corte tomar su decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n establece un precedente para otros 11 decretos relacionados con la emergencia que deben ser revisados por la Corte. Estos decretos se refieren a las medidas adoptadas por el presidente Gustavo Petro para abordar la crisis en La Guajira.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno ha sostenido en varias ocasiones que el departamento enfrenta una crisis humanitaria de larga data debido a la falta de acceso a servicios b\u00e1sicos esenciales. Incluso, en 2017, la propia Corte Constitucional declar\u00f3 un estado de cosas inconstitucional (ECI) relacionado con la situaci\u00f3n, especialmente preocupante para la ni\u00f1ez way\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas excepcionales se enfocaron en garantizar la seguridad alimentaria y la soberan\u00eda en La Guajira. Esto incluy\u00f3 aspectos como financiaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n, transporte, almacenamiento, venta y distribuci\u00f3n de productos agropecuarios, as\u00ed como la titulaci\u00f3n de tierras.<\/p>\n\n\n\n
En una audiencia p\u00fablica el 11 de agosto, el presidente Petro explic\u00f3 a la Corte que el decreto le confer\u00eda al Gobierno la capacidad de tomar decisiones directas para abordar la situaci\u00f3n, decisiones que no ser\u00edan posibles por medios convencionales.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el mandatario resalt\u00f3 la amenaza de una posible crisis clim\u00e1tica en el departamento, que podr\u00eda resultar en temperaturas extremadamente elevadas, incluso superiores a los 50 grados.<\/p>\n\n\n\n
Otras razones detr\u00e1s de la decisi\u00f3n adoptada por la Corte Suprema
El Ministerio de Vivienda, asimismo, respald\u00f3 el decreto, justificando que exist\u00eda una amenaza grave e inminente al orden econ\u00f3mico, social y ecol\u00f3gico en cuanto al acceso al agua y saneamiento b\u00e1sico en La Guajira.<\/p>\n\n\n\n
La cartera present\u00f3 tres razones para respaldar su posici\u00f3n: la escasez de agua potable para consumo humano, los impactos del cambio clim\u00e1tico en la disponibilidad del recurso h\u00eddrico y los problemas socioecon\u00f3micos asociados a la escasez de agua.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el Ministerio de Salud argument\u00f3 la necesidad del estado de emergencia debido a las persistentes deficiencias en el modelo de atenci\u00f3n de salud, que han resultado en resultados insatisfactorios y en una morbilidad y mortalidad evitable significativamente mayores que las tasas nacionales, adem\u00e1s de una baja cobertura en la gesti\u00f3n del riesgo en salud, especialmente en las zonas rurales.<\/p>\n\n\n\n
En su momento, la Procuradur\u00eda solicit\u00f3 a la Corte que anulara el decreto, argumentando que era inaceptable la intenci\u00f3n del Presidente de utilizar la crisis de La Guajira para obtener poderes legislativos excepcionales mediante la declaraci\u00f3n de un estado de emergencia.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la Procuradur\u00eda, para abordar la crisis, el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con las \u00f3rdenes emitidas por la propia Corte Constitucional en 2017, cuando declar\u00f3 un estado de cosas inconstitucional. Adem\u00e1s, debe implementar eficazmente la pol\u00edtica p\u00fablica dise\u00f1ada para enfrentar los desaf\u00edos, tal como se establece en los documentos Conpes de 2017, 2018 y 2020, as\u00ed como recurrir a las medidas especiales para la gesti\u00f3n de riesgos, calamidades y desastres contempladas en la ley.<\/p>\n\n\n\n
Durante la audiencia del 11 de agosto en la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se\u00f1al\u00f3 que, aunque el cambio clim\u00e1tico y el fen\u00f3meno del Ni\u00f1o agravan la situaci\u00f3n, los problemas cr\u00f3nicos que enfrenta la comunidad way\u00fa en La Guajira son principalmente resultado de la negligencia estatal, reflejada en la falta de infraestructura de servicios adecuada y la ausencia de una planificaci\u00f3n que garantice la sostenibilidad de los proyectos productivos en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que se ha expresado en m\u00faltiples ocasiones la falta de coordinaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n entre las entidades nacionales y locales, ejemplificada por la ausencia de un censo actualizado, completo y veraz de la poblaci\u00f3n way\u00fa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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