La Corte Suprema de Justicia anunci\u00f3 hoy su sentencia condenatoria contra Rodrigo Canosa Guerrero, el segundo gobernador encargado del Cesar en 2007 luego de que apartaron del cargo a Hernando Molina por parapol\u00edtica.Canosa “cae” por irregularidades en contratos. <\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia, cuando Canosa gobern\u00f3 el departamento entre julio y diciembre de ese a\u00f1o, suscribi\u00f3 dos convenios, uno con la fundaci\u00f3n Funarkgo ONG y otro con la Administradora P\u00fablica Grupo APC.<\/p>\n\n\n\n
Los dos contratos buscaban aportar herramientas para la educaci\u00f3n del Cesar. En el caso de Funarkgo, la idea era comprar libros para entregarlos a instituciones educativas del departamento, y por el lado de APC se buscaba brindar equipos a las salas de inform\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, seg\u00fan la Fiscal\u00eda y la Corte, se realizaron sin cumplir la normativa. El entonces gobernador \u201cno dispuso acto alguno de verificaci\u00f3n para comprobar la idoneidad de las empresas contratantes, en especial si su objeto social guardaba relaci\u00f3n con el cometido contractual, lo cual condujo a celebrarlos con ONG\u2019S no id\u00f3neas para el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos\u201d, seg\u00fan se lee en la sentencia. <\/p>\n\n\n\n
Los contratos fueron suscritos bajo la modalidad de convenios de asociaci\u00f3n. Pero, como su objeto era la compra de determinados bienes en vez del cumplimiento del objeto social de las organizaciones, la Corte determin\u00f3 que eso es una irregularidad. Es decir, como ninguna de las dos organizaciones se dedica a la educaci\u00f3n, se deb\u00eda acudir a otro tipo de contratos que el utilizado por la Gobernaci\u00f3n .<\/p>\n\n\n\n
En el caso del convenio de asociaci\u00f3n, explic\u00f3 el alto tribunal, \u201cel Estado a trav\u00e9s del aporte de bienes o recursos impulsa y apoya espec\u00edficamente la realizaci\u00f3n del objeto social propio de una entidad sin \u00e1nimo de lucro (\u2026) en cuyo desarrollo no puede recibir beneficio directo alguno\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En otras palabras, \u201cel objeto del convenio suscrito entre las partes (Estado y ente privado) no puede contener ning\u00fan beneficio material a favor del primero\u201d. Uno de esos beneficios podr\u00eda ser excluir al ente estatal del ejercicio de sus funciones, algo que, de acuerdo con la Corte, estaba ocurriendo en el caso de Canosa. Es decir, la administraci\u00f3n de Canosa, en vez de asumir la compra con las reglas del Estatuto General de la Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, acudi\u00f3 a un tipo de convenio distinto que result\u00f3 irregular.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el documento con Funarkgo, \u201cdado el objeto del mismo y su elevada cuant\u00eda, era obvio que se trataba de un contrato de compraventa y, por ende, no era posible su tr\u00e1mite y celebraci\u00f3n bajo la normativa que finalmente se adelant\u00f3\u201d. El gasto fue de 3.7 mil millones m\u00e1s una adici\u00f3n de 1.8 mil millones.<\/p>\n\n\n\n
Para la Corte, la actuaci\u00f3n del exgobernador \u201cpermite inferir con claridad que la intenci\u00f3n siempre estuvo encaminada a eludir las modalidades contractuales se\u00f1aladas en el numeral 1 del art\u00edculo 24 de la Ley 80 de 1993\u201d.
Canosa intent\u00f3 defenderse diciendo que quienes firmaron el contrato fueron sus subalternos. No obstante, la Sala de Primera Instancia determin\u00f3 que no puede eludir su responsabilidad con esa excusa, porque ni siquiera cumpli\u00f3 con todas las normas al verificar el texto firmado.<\/p>\n\n\n\n
El contrato de Grupo APC, por su parte, tuvo un monto de 2.25 mil millones de pesos. Al determinar su irregularidad, la Corte recalc\u00f3 que, como ocurri\u00f3 con el convenio de Funarkgo, \u201cning\u00fan acto de control id\u00f3neo materializ\u00f3 el acusado dirigido a observar la correcta actuaci\u00f3n que le era exigible a sus subalternos\u201d. \u201cEs evidente que el comportamiento de Canosa Guerrero resulta reprochable\u201d, concluy\u00f3 la Corte Suprema. La condena contra el exgobernador es de 54 meses de prisi\u00f3n domiciliaria, inhabilitaci\u00f3n para ejercer cargos p\u00fablicos por 66 meses y una multa de m\u00e1s de 46 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
En diciembre de 2007, cuando Canosa llevaba solo cinco meses de mandato, provisionalmente fue suspendido por la Procuradur\u00eda de Edgardo Maya, con decisi\u00f3n de Everardo Armenta, por la firma de los mismos contratos.<\/p>\n\n\n\n
Ya en 2012 formalmente tuvo un fallo disciplinario en su contra. \u201cLimit\u00f3 la participaci\u00f3n de otras personas naturales y jur\u00eddicas, que, con mayor experiencia e idoneidad en el objeto contractual, hubieran podido hacer mejores ofertas a la entidad territorial\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en cabeza de Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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