La Procuraduría Provincial de Santa Marta destituyó e inhabilitó por 10 años a todo el Concejo de Soledad por crear de manera ilegal, en marzo de 2016, el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte, que no era más que un impuesto, para lo cual no estaban facultados.
“El fallo de primera instancia está en la etapa de las notificaciones”, dijo una fuente del Ministerio Público
Por esta ilegalidad, que fue probada además por el Tribunal Administrativo del Atlántico que tumbó dicho impuesto y cuestionó el actuar de los cabildantes, la destitución y la inhabilidad cobija a Ricardo Arcón Hereira, Gladys Arraut Varelo, Astrid Barraza Mora, Robinson Buelvas Vergara, Julio Cabrera Rodríguez, Ruber Cartagena Llanos, Robin Castro Fallace, Enrique Del Castillo Jiménez, Félix Donado Escorcia, Daniel Florián Reales, Alexandra Hernández Navas, Álvaro Martínez González, Rodrigo Martínez Rodríguez, Jorge Mejía Iriarte, Adriana Molinares Mancera, Ruby Puente Garizabal, Johnny Pulgar Severiche, Juan Carlos Orozco Llerena y Monte Wuilliano Valbuena Rojas.
Al crear el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte, a través del Acuerdo 00199 de 2016, el Concejo de Soledad en su artículo 3., inciso 2, estableció como fuente de financiación el cobro del 1,5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscribiera el Municipio y sus organismos descentralizados, cuya cuantía superara los 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como requisito para la legalización de los respectivos contratos y convenios, también estableció en un parágrafo el pago del porcentaje fijado con destino a dicho Fondo.
La ilegalidad cometida fue calificada por la procuradora provincial (e) Karen Contreras Andrade como “gravísima” a “título de dolo”.
La Procuraduría halló que en 2008 (administración de José Zapata) fue expedido el Acuerdo 081 creando el mismo Fondo, pero en 2013 (gobierno de Franco Castellanos) fue derogado, a través del Acuerdo 0168, al advertirse que era ilegal este cobro. Sin embargo, en 2016 (actual administración de Joao Herrera) volvieron a crearlo, pese a que la mayor parte de los concejales lo habían anulado tres años atrás.
Una vez sean notificados, de manera personal o por edicto, los destituidos pueden presentar apelación ante la Procuraduría Regional del Magdalena.
Ha trascendido que los 19 concejales no se presentarían a las elecciones de octubre y postularán en su nombre a otras personas -esposas, hijos, amigos o sobrinos- ante la alta probabilidad de que les confirmen en segunda instancia la destitución e inhabilidad.