Este jueves, la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega, anunció que enviará a la Corte Penal Internacional un registro fotográfico de la muerte del militar venezolano Óscar Pérez y otros uniformados en el que se conoció como la masacre del Junquito para, según ella, probar que lo ocurrido el 15 de enero del 2018 fue un crimen de lesa humanidad.
Pero, ¿quién era Óscar Pérez?
El policía sublevado al régimen de Maduro fue piloto de helicópteros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), buzo de combate, paracaidista, y experto en operaciones tácticas.
Pérez se hizo famoso en julio de 2017 cuando en medio de las protestas contra el régimen venezolano, que dejaron más de 100 muertos, lanzó varias granadas desde un helicóptero de la Policía Científica contra el Tribunal Supremo y, junto a algunos militares, se rebeló contra el presidente Maduro.
Pérez y los otros seis integrantes del grupo de ‘rebeldes’ murieron en una casa a las afueras de Caracas donde los encontró el Servicio de Inteligencia venezolano. Fueron cerca de 600 hombres de cuatro cuerpos de seguridad los que los rodearon. La llamada operación Gedeón se inició a las 5 de la mañana, cuando hombres de fuerzas especiales cortaron la luz y el teléfono e ingresaron con tanquetas, camionetas blindadas y sobrevolaron el lugar con un helicóptero artillado.
Ese día, otras cinco personas fueron detenidas, murieron dos efectivos de la Policía Nacional y cinco más resultaron heridas, según informó en su momento Maduro.
Una serie de videos difundidos por Pérez en tiempo real minutos antes de su muerte, lo mostraba negociando con los agentes del Gobierno, a quienes les pidió garantías para evitar daños a los civiles “inocentes” que decía había en la casa donde los encontraron.
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“Nos están disparando con lanzagranadas, francotiradores. Dijimos que nos íbamos a entregar, y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”, grabó Pérez en uno de los 14 mensajes que alcanzó a enviar por Instagram antes de ser abatido por las autoridades venezolanas. En las grabaciones, que fueron luego borradas de la red social, Pérez les dice a sus hijos que lo que hizo fue por ellos y por “todos los niños de Venezuela”.
Seis días después de su muerte y tras todo tipo de intentos para cremar su cuerpo, las autoridades del régimen venezolano llevaron los restos del piloto al cementerio del Este, en Caracas, y lo enterraron en un acto en el que solo hubo presencia de una tía y una prima del fallecido.
En 2018, la organización Human Rights Watch (HRW) dijo que existían pruebas que sugerirían que Pérez “habría sido víctima de una ejecución extrajudicial”. Incluso el año pasado, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, había solicitado a la CPI investigar el caso.